TELEFONICAS

Cuando se hizo el traspaso de la entonces compañía estatal de teléfonos -Entel- a los nuevos dueños privados Telefónica y Telecom, se acordó que los empleados cobrarían anualmente los Bonos de Participación en las Ganancias (BPG). Posteriormente, Carlos Menem, a través del Decreto 395/92, estableció que se eliminaba dicho beneficio. En agosto de 2.008, la Corte Suprema reconoció el derecho de los trabajadores telefónicos a participar en las ganancias de las empresas y a que se les pague retroactivamente una indemnización por haber sido privados del Programa de Propiedad Participada en las ganancias (PPP).

A partir de ese fallo se produjo una avalancha de juicios por parte de los trabajadores. Las empresas se deben hacer cargo integralmente del pago de los BPG sobre el 10% de sus ganancias de todos los trabajadores telefónicos efectivos, contratados, de las celulares, etc. incluyendo el retroactivo por los años de mora. Unos 18 mil millones de pesos en perjuicio de casi 21 mil telefónicos. Previsiblemente, las patronales amenazan con quebrantos si se las obligase a pagar.

Es necesario que se abran los libros contables de las empresas para verificar las ganancias obtenidas desde la privatización. El saqueo al país de parte de las telefónicas desde la privatización menemista ha continuado sin pausa hasta la actualidad.

El pago de los BPG no se canjea por paritarias. Las empresas quieren meter en el medio del debate de las paritarias la cuestión del bono para “achicar” gastos. Es imprescindible reclamar 3.000 pesos de emergencia y la inmediata apertura de las paritarias para recomponer el salario golpeado por la inflación, y un salario mínimo igual a la canasta familiar con actualización automática controlada por los trabajadores, con paritarios elegidos en asamblea. Las paritarias y los bonos ameritan una asamblea general y un plan de lucha de todo el gremio.

Juan Ferro