En el día de ayer, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció 2.400 despidos en el Ministerio de Justicia mediante la finalización de la contratación del personal del Ministerio por intermedio del Ente Cooperador Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), a partir del 31 de diciembre de 2024 y el cese del pago de los incentivos al personal de planta permanente y transitoria. Esta medida involucra al conjunto de las y los trabajadores del ministerio: 2400 despidos y la reducción del 50% del salario a otros 2.000 trabajadores que cobran el incentivo. 

Divide, fragmenta y triunfarás

Hace dos meses, el Ministro de Justicia anunció el fin de la contratación de personal bajo el régimen de Acara y lanzó un “Plan de Retiro Voluntario” para los contratados bajo esta modalidad que resultó ser , en un cuadro de crisis económica y aumento de la pobreza, un plan de retiro totalmente extorsivo, desfavorable para las y trabajadores (entre el 70% y 80% de lo que corresponde a una indemnización bajo Ley de Contrato de Trabajo), y su pago en cómodas cuotas lo convierte en un beneficio para las patronales en perjuicio de los trabajadores. Aún así, un porcentaje importante de los trabajadores se adhirieron, hartos de un clima de trabajo hostil, y en la perspectiva de que ese retiro sirva de colchón mientras buscan otros trabajos, y otros a la espera de una nueva re contratación vía Artículo 9 del Sinep. Como se ve, el gobierno nacional oculta que gran parte de los “2.400 desvinculaciones de Acara” se dieron bajo la forma de retiros voluntarios. 

Importa mencionar además que lejos se esta, como se anunció en el comunicado del Ministerio de Justicia, de eliminarse una “caja de la política “, toda vez que esta continua intacta ya que el convenio entre Acara y el ministerio sigue en pie, solo que ahora va a estar a discreción absoluta del ministro. 

Por otro lado, la resolución tomada por el Ministerio de Justica implica la eliminación del incentivo salarial, una remuneración en negro que se pagaba vía Acara que reciben los contratados bajo planta transitoria y la planta permanente como compensación salarial, viéndose el salario reducido drásticamente ¡en un mes! entre un 50% y 60%. Al deteriorado salario estatal y las paritarias en su piso histórico, aproximadamente 2.000 trabajadores de justicia verán reducidos su salario a la miseria absoluta.

Por si todo esto fuese poco, están también aquellos trabajadores que no se adhirieron al “retiro voluntario” y que desconocen su destino luego del 31 de diciembre del 2024, cuando Acra formalice su desvinculación contractual sin indemnización ni continuidad laboral. Esta situación de despidos amenaza ser extendida hacia todos los entes cooperadores que existen en el Ministerio. Por último, aún no están confirmadas las renovación de los contratos vía artículos 9, que tienen fecha de vencimiento el 31 de diciembre. 

La situación descripta muestra que el Ministerio de Justicia ha operado sobre la fragmentación y la diversidad de formas contratación precaria para asentar un duro golpe al conjunto de los trabajadores. Para ello ha contado con la absoluta complicidad de UPCN, que no solo les ha facilitado el trabajo convenciendo y forzando a sus afiliados a tomar el retiro voluntario bajo la amenaza de “quedarse sin nada” y “ofreciéndoles” una rebaja salarial para aquellos que se pasen de contratación vía artículo 9, sino que han actuado como voceros oficiales de la patronal. Así, hemos llegado al primer año del gobierno nacional con salarios miserables y con un ajuste sin precedentes para cualquier trabajador del Ministerio de Justicia. 

Por su parte, si bien desde ATE se han impulsado acciones: asambleas en las dependencias, ruidazos, movilizaciones a la sede central del ministerio, han resultado medidas aisladas y fragmentadas. Ejemplo de ello fue el paro de 28 días llevado adelante por las y los trabajadores del Registro de Automotores, que fue una medida contundente pero que careció de una estrategia común de la Junta Interna que incluya, en una misma lucha, al resto de los trabajadores. Así los trabajadores del Registro quedaron aislados y no contaron con el apoyo y la movilización del resto de los sectores, que dos meses antes habían realizado una de las movilizaciones más grandes de la historia de Justicia. 

Unificar la lucha para frenar la ofensiva del Ministro 

El ataque histórico que estamos viviendo las y los trabajadores de justicia sobre nuestro trabajo y que amenaza nuestras condiciones de vida necesita una respuesta unificada y una estrategia común a la altura de las circunstancias. Las elecciones de Junta Interna que se desarrollan hoy, con lista única de la Verde y la Verde y Blanca tiene que ser una instancia de balance y debate sobre el rumbo a seguir de la Junta Interna, que será revalidada en las urnas pero que necesita ser revalidada en la lucha. Hasta ahora, las medidas aisladas que se han tomado no han servido para frenar la ofensiva del gobierno. 

Queda entonces redoblar los esfuerzos con una clara consigna: continuidad laboral para todos los trabajadores sin reducción de salario. Para ello, necesitamos unificar las luchas que se dan aisladamente en las dependencias de justicia, golpear con un solo puño y avanzar en un plan de lucha unificado, organizado y votado en cada sector, en asambleas de afiliados de ATE, de UPCN y no afiliados para revertir este ataque feroz. 

Organicemos un paro general de justicia y garanticemos el ingreso masivo de todos los compañeros luego del 31/12.  No hay ningún trabajador que no se vea afectado por las medidas tomadas en forma directa, tenemos que organizarlos en defensa de lo más elemental: nuestro trabajo y nuestro salario.

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