El 12 de abril se realizó la asamblea de Memoria y Balance de la seccional Capital de ATE. La convocatoria fue semiclandestina, pues se regía bajo el único propósito de movilizar a la agrupación dirigente (Verde y Blanca) para levantar la mano a favor de lo presentado por la conducción. El carácter burocrático de la reunión se resume en un gran contraste: de un lado, una situación dramática que golpea a estatales con salarios de pobreza; del otro, una dirección sindical que organiza la única asamblea de afiliadas y afiliados en tres años sin proponer medida de acción alguna en ella.

El informe de Daniel Catalano, secretario general de la seccional, comenzó acertadamente con el destaque de la multitudinaria movilización que se estaba realizando en Jujuy por la libertad de nuestros compañeros Sebastián Copello y Juan Chorolque. Efectivamente, como él denunció, no son los únicos presos políticos en el régimen despótico que lidera Gerardo Morales, quien mandó encarcelar oportunamente a Milagro Sala en forma arbitraria y luego compró a la mayoría de sus punteros. Sin embargo, pretendió emparentar la detención de nuestros compañeros con la de los funcionarios kirchneristas responsables de desfalcos al Estado, como De Vido o Boudou -un verdadero despropósito.

El balance de los “logros” del sindicato fue curioso, pues tuvo mucho destaque el que “ya son 23 las familias beneficiadas con un crédito para su vivienda” tras un convenio con el ministerio que dirige Ferraresi. Dada la magnitud de la crisis habitacional entre la clase obrera, que incluye a estatales afrontando alquileres impagables con salarios paupérrimos, llama la atención la celebración de un número tan irrisorio de beneficiarios.

El vacío político del informe fue importante, tanto que no fue nombrada la sigla “FMI” ni mucho menos la palabra “ajuste”. Es muy significativo, pues si hay un gremio afectado por el acuerdo con el Fondo es el de los estatales. Desde luego, no se trata de un olvido por parte de la conducción, sino la consecuencia de una política, que pasa por la integración del sindicato al gobierno. Catalano, de hecho, viene de firmar la solicitada de apoyo a Alberto Fernández que se publicó tras el acuerdo con el FMI, que pone a las y los estatales en la picota. En la asamblea, las únicas intervenciones que denunciaron el pacto con el Fondo y la necesidad de impulsar un plan de lucha para enfrentarlo fueron las de la izquierda y las juntas combativas. Fue evidente la incomodidad de buena parte de la militancia verdiblanca frente al silencio de su conducción al respecto. Esto se reflejó incluso en la alocución de Hugo Bellón, secretario de Organización, quien afirmó que “hemos dado muestras sobradas de bancar al gobierno, pero ahora es necesario que se discuta el salario del estatal, porque no puede haber tantos compañeros con ingresos de pobreza”. La voluntad de contener el malestar fue notoria, tanto como la incapacidad para darle un curso de acción. Sucede que el reclamo contra quienes firman la paritaria por parte de ATE (la conducción nacional Verde) omite que lo hacen con la misma política que la seccional Capital: la integración al “Estado empleador”. La versión más derechista de esta política estuvo en boca del delegado general de ATE Congreso, quien respondió la intervención de nuestro compañero Daniel Luna (Inti) resaltando que “no hay que cortar las calles”, porque “tenemos que trabajar”.

El eje político de la dirección de la Verde y Blanca fue resumido al final del informe central: “hay que evitar que vuelva la derecha en 2023”, una versión degradada del “hay 2019” con el que la burocracia sindical ahogó las luchas cuando crujía el gobierno de Macri. Se parte de un hecho real, pues los fracasos de experiencias nacionalistas abren frecuentemente el paso a la derecha. De hecho, muchos compañeros y compañeras temen que un eventual gobierno de Larreta o Milei produzca despidos. La burocracia sindical, en vez de resolver ese peligro con una lucha en regla que imponga, por ejemplo, el pase a planta, desmoviliza a la clase trabajadora en nombre de no “desestabilizar”.

Nuestra agrupación Tribuna Estatal repartió masivamente una declaración que planteaba una ruta completamente distinta: la necesidad de organizar democráticamente un plan de lucha por los reclamos urgentes de las y los estatales. En el volante y las intervenciones de nuestros compañeros, que tomamos la palabra en nombre de la Junta Interna del Inti y del Garrahan, resaltamos ese método para salir a la pelea por un programa salarial y de condiciones de trabajo, como el que levanta el colectivo Interjuntas, en el que se destacan el salario mínimo igual a la canasta familiar, el pase planta o la insalubridad. La ruptura de las organizaciones sindicales respecto del gobierno es un hecho irremplazable para que vuelvan a responder a sus bases.