El aumento por decreto con el que el gobernador de la provincia de Buenos Aires interrumpió la negociación paritaria con los estatales la semana pasada es una muestra del ajuste contra los trabajadores que se quiere imponer en función de los acuerdos que se están desarrollando con los acreedores de la deuda y el FMI.

El aumento, que consiste en $4000 remunerativos en dos cuotas a pagarse en marzo y abril, seguirá dejando al casi 70% de los trabajadores del Estado provincial por debajo de la línea de la pobreza. El aumento total de bolsillo será de $3200.

El instructivo del decreto establece, luego de extendidos recamos por esto, que sólo los contratados de la Ley 10430 que son una exigua minoría de los contratos precarios accedan al aumento, la enorme mayoría de contratados quedó afuera.

Los sindicatos, que han sido cómplices del ajuste macrista, quieren aplacar los reclamos diciendo que la paritaria continúa abierta mediante la discusión en mesas técnicas. A la ausencia de cualquier reclamo serio por salario se suman reivindicaciones claves que los delegados paritarios no llevan adelante. Está pendiente la reglamentación de la ley de violencia de género que ya lleva varios años sin poder aplicarse. Es urgente el reclamo del presentismo y la eliminación de los controles biométricos introducidos por Vidal.

Los que hicieron una enorme tregua con el argumento de llegar a las elecciones contra Macri y Vidal siguen con los discursos desmovilizadores. Ahora el verso para no luchar es que si lo hacemos, estamos reforzando a la derecha y así favorecemos las posibilidades que vuelva Macri al poder.

El plenario de delegados realizado tardíamente por ATE provincia en La Plata, una semana después del decretazo, no votó ninguna acción de lucha. Tampoco repudió el decreto anti-sindical que cierra el debate paritario e instaura nuevamente las sumas fijas. Se anula las cláusulas gatillo con el cuento de que el salario es generador de inflación, condenando a miles de compañeras y compañeros a la pobreza.

No votó tampoco acciones centrales contra los despidos de contratados en Educación, en Vialidad y varias otras reparticiones.

Ambas fracciones de la burocracia verde de ATE coinciden en reivindicar al gobierno con el argumento de que ahora “somos escuchados”. De verdad el “logro” de aparato que los satisface es ocupar espacios que en los gobiernos anteriores cubría la burocracia de UPCN o el Sindicato de Salud Pública.

Tribuna Estatal plantea asambleas con mandato en los lugares de trabajo y plenarios que elaboren un plan de lucha que ponga de pie a los trabajadores y trabajadoras estatales para ir por todos nuestros reclamos. ¡Ningún estatal por debajo de la canasta básica!