El gobierno acaba de convocar a una “primera convención colectiva” de los empleados de la administración pública, con la ‘peculiaridad’ de que le prohíbe discutir los salarios. La convocatoria condiciona cualquier modificación salarial a lo que previamente ha establecido la ley de presupuesto. Como no existe partida alguna en este sentido un funcionario del gobier­no aclaró que los salarios no estarán incluidos en el temario (La Nación, 21/2). ¿Qué se discutirá entonces?: “los incentivos por productividad, la cobertura de cargos por concurso, la capacitación, las vacantes, el régimen de contratacio­nes y las incompatibilidades que tendrán los empleados para desarrollar otra tarea en el sector público” (ídem).

La ‘agenda’, como se ve, es un virtual (nuevo) plan de guerra contra los trabajadores estatales nacionales. Productividad, es decir flexibilidad horaria y laboral, destrucción del básico y retribuciones diferenciadas para dividir a los trabajadores; incompatibilidades, para provocar el despido forzado de otros miles de estatales y así cada uno de los puntos. El proyecto del gobierno plantea el despido sin indemnización y coloca como causal de despido a ‘las actividades políticas’, habilitando una caza de brujas sobre todo militante político o sindical.

Ate y Upcn han hecho caso omiso a estos condicionamientos inaceptables y sólo disputan la cantidad de lugares que cada uno tendrá en la negociación.

Que se convoque a una asamblea general en el Luna Park para enfrentar la paritaria trucha, votar las reivindicaciones del gremio y elegir representantes de base.