El 28 de diciembre se anunció un nuevo robo a los trabajadores y trabajadoras del Estado nacional. Según celebraron sendos comunicados de ATE y UPCN, se empezará a descontar un 0,5% a quienes no estén afiliadxs a ningún sindicato, en concepto de “aporte solidario” (sic). Para concretar este “regalo de fin de año” tuvo que realizarse el 28/12 una reunión de la “Comisión Negociadora General del Convenio Colectivo de Trabajo General 214/06” que rige para la Administración Pública Nacional. En ella participaron representantes del “Estado empleador” y de las burocracias de UPCN y ATE respectivamente.

El acta firmada por los participantes es elocuente: “Atento la solicitud realizada por las entidades signatarias del CCTG se establece un Aporte Extraordinario Solidario (sic) para los trabajadores permanentes y no permanentes comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública (…) del 0,5% de la remuneración bruta mensual, habitual y permanente a partir del 1/1/2022”. Por su parte, aquellas personas afiliadas a algún sindicato con personería no sufrirán descuento extra, pues el “aporte” se deducirá de su cotización corriente.

Con relación al manejo de estos fondos, el acta explicita que los “fondos serán distribuidos entre las entidades signatarias del Convenio” de conformidad con los porcentajes de afiliación que establecieran en compulsa realizada en 2021. Evidentemente, el gobierno retribuye los servicios prestados por ambas burocracias en las paritarias a la baja del último período.

El acuerdo es un bochorno completo. Los sindicatos que deberían representar a las y los estatales se juntan con la patronal en medio de las fiestas para una agenda que nada tiene que ver con el salario o las condiciones de trabajo. Muy por el contrario, se venden al gobierno a cambio de crear una caja multimillonaria que estará bajo su control. Esto, mientras los trabajadores y trabajadoras estatales sufrimos una desvalorización del salario que supera el 30% en el último lustro (datos de la Junta Interna de ATE Indec) y las categorías bajas ni siquiera arañan la canasta de pobreza.

Desde luego, la nueva caja es presentada “positivamente” por su “destino exclusivo” para “iniciativas de capacitación y formación -incluso en el marco del Fondo de Capacitación y Recalificación Laboral (FoPeCaP); al desarrollo de la acción social; y al fortalecimiento de las acciones necesarias para que todas las mejoras y beneficios acordados en el marco del CCTG 214/06 alcancen a todes les trabajadores sin excepciones” (convenios.ate.org.ar). Esto es, obviamente, un verso típico de la burocracia sindical. La creación de este tipo de cajas ha sido un recurso antiobrero recurrente en los convenios que impulsó el primer kirchnerismo. Sucede que con el aporte compulsivo a personas no afiliadas se conjuga el interés burocrático con el de la patronal. La primera, por su parte, pasa a manejar recursos extraordinarios independientemente del nivel de afiliación que consiga. La segunda obtiene el beneficio de la reducción de la actividad gremial y de lubricar, aún más, su vínculo material con la dirección sindical. Oportunamente lo dijo con mucha claridad el actual titular de la UIA Daniel Funes de Rioja: “la contribución empresaria ayuda a financiar a los sindicatos de manera transparente, más aún cuando muchos sindicatos tienen problemas financieros por falta de afiliados. Muchas empresas prefieren hacer esos aportes, antes que el sindicato haga campaña de afiliación” (Clarín, 5/7/2005, citado Prensa Obrera 916).

Importa recordar este origen podrido del tren al que ahora se suben UPCN y especialmente ATE. Contra toda su demagogia sobre “democracia sindical”, se integran a los recursos materiales del sindicato recursos millonarios de trabajadores y trabajadoras en forma despótica, sin que jamás hubieran sido consultados al respecto. Se trata de una distorsión absoluta de la naturaleza de un sindicato, que debería financiarse con el aporte conciente y voluntario de las personas que se afilian a él. El interés por manejar una caja que es independiente de la decisión de lxs trabajadorxs, y que se crea en acuerdo con la patronal y los sindicatos amarillos clásicos es un salto en calidad definitivo respecto del tipo de burocracia sindical que domina la dirección nacional de ATE. El mote de “solidario” al aporte -otra terminología compartida con los Cavalieri y compañía- le agrega cinismo al asunto. La solidaridad, mucho más cuando es obrera, consiste en algo precisamente opuesto: contribuciones voluntarias en pos de un fin. Por ejemplo, los fondos de huelga, que el sindicato debería organizar pero sabotea recurrentemente -como ocurrió hace poco en el Garrahan, donde la Verde celebraba los descuentos patronales.

La integración de ATE al Estado empleador tiene larga data, pero estos episodios implican saltos en calidad que no deben dejarse pasar. Se dan en momentos donde la vida democrática del sindicato está reducida a su mínima expresión; ATE Nacional, de hecho, no realiza plenarios siquiera virtuales hace más de un año. La representación que firma este acuerdo millonario no tiene mandato alguno al que pueda referirse más que el interés burocrático del CDN.

Además, el entrelazamiento de los sindicatos con Fernández es, por extensión, con el FMI. Parte del acuerdo, como es sabido, implicará nuevos ataques sobre nuestros salarios, los presupuestos de las dependencias donde trabajamos y condiciones laborales a la baja. La agenda del personal del Estado no tiene nada que ver con cajas espurias manejadas por la burocracia.

Llamamos a todo el gremio, desde Juntas Internas o seccionales hasta las agrupaciones y activistas a pronunciarse contra este acuerdo podrido. Es imperioso recuperar ATE para lxs trabajadorxs, mediante un funcionamiento democrático, donde manden las asambleas y lxs paritarixs sean responsables ante ellas. Debemos organizar la lucha por recomponer el salario y pararla la mano a los planes ajustadores del gobierno, el FMI y la oposición patronal.