Desde el mismísimo día en que empezó la causa penal contra la lucha de Atlántida ha habido importantes pronunciamientos. En estos días esos pronunciamientos son decisivos.

Los 10 compañeros incriminados declararon (salvo uno no notificado, que lo hará en agosto) en la ‘indagatoria’. En breve plazo la jueza decidirá el procesamiento o no, y con él, la probable prisión preventiva. Esta sería ‘en suspenso’por el carácter excarcelable de los delitos esgrimidos: usurpación de propiedad, daños y resistencia a la autoridad y privación ilegal de la libertad.

Dentro de la batalla estratégica por anular las causas (tanto la penal como el desafuero) y lograr el sobreseimiento, hoy luchamos para no ser procesados. ¿Cómo lo hacemos?

Todos los activistas acusados hemos seguido la línea de la defensa, haciendo uso del derecho constitucional de no declarar. En segundo lugar, presentamos con nuestras firmas un extenso y demoledor escrito elaborado por el equipo de abogados que encabeza Juan Carlos Capurro. En él se destruyen una por una las pruebas truchas de la patronal, se ponen en evidencia las contradicciones de los testimonios de los buchones de la empresa, se fijan pruebas de esas contradicciones, se demuestra que se ejerció el derecho a una huelga que jamás fue declarada ilegal, que el recurso de crisis fue falso como lo revela la continuidad, se invocan las actas de que no se dañó ni se robó un alfiler, que los representantes obreros llevaron adelante “una huelga y no un delito”, por mandato de diarias asambleas generales del total de los compañeros.

Es decir, que toda la aguda conciencia de clase y el nivel de organización de la masa de los huelguistas es hoy un arma de defensa contra la persecución del estado patronal.

Además, se plantea la exclusión de la patronal como querellante porque al indemnizar a la masa de los huelguistas —en lo que constituyó un enorme triunfo después de agotar 80 días de lucha por los puestos de trabajo— la empresa reconoce la razón de los trabajadores y se tiene que caer la acción penal derivada de una “acción civil a la que se ha renunciado”.

La defensa plantea en términos jurídicos lo que es la esencia de este proceso en términos políticos: “la patronal, presentada como particular damnificada en esta causa, intenta hacernos parecer como un grupo de delincuentes, pero entendemos que semejante atrevimiento se debe a la defensa de su parte de un interés de clase, ajeno a la presente litis”.

Es así. Atlántida, el City, la Donnelly, Fontán Balestra, Funes de Rioja, actúan como ‘agraviados’ de la burguesía buscando una condena de clase contra las luchas obreras.

Inundemos el juzgado de pronunciamientos, difundamos la lucha contra esta persecución, arranquemos una definición de las organizaciones obreras, impulsemos la movilización nacional contra todos los compañeros perseguidos.