El 29 de junio de 2021, mientras se desarrollaban tareas de la obra de ampliación de la Escuela Nº 144 de Aguada San Roque, hubo una explosión que mató en el acto a dos operarios de la empresa contratista e hirió gravemente a una docente que días después falleció. Esta explosión y los tres asesinatos laborales que tuvo como consecuencia, reconoce una política previa de forzar el regreso a la presencialidad por parte de las autoridades educativas, en primer lugar, de la ministra de Educación de ese momento, Cristina Storioni.

Tan es así, que apenas cuatro días antes de la explosión, la ministra y los dos vocales por el Poder Ejecutivo en el Cuerpo Colegiado del CPE, firmaron la Resolución 470/2021, la que determinaba que el regreso era obligatorio para el personal de las escuelas. Esto ante la denuncia de parte del personal de varias de ellas que alertaban sobre la falta de condiciones de seguridad para volver al aula.
Es más, la misma ministra Storioni reconoció que en ese momento “el 20% de las escuelas de la provincia estaban en obra”. Es decir, no desconocía la situación de la escuela que explotó, aunque luego de la misma, declaró que “será materia de investigación la razón por la que había gente en la escuela que aún estaba en obra y con tareas sobre artefactos de gas” (diario Río Negro, 30/6/2021), tratando de descargar la responsabilidad fuera de su ministerio y del CPE.

Y un mes antes, la propia Comisión de Fomento del paraje rural donde está ubicada la escuela difundió un video “donde se muestra cómo avanzaban los trabajos en el establecimiento” (Idem).
Es en este marco, y bajo la presión del funcionariado del CPE, que muchas escuelas regresaron a la presencialidad aún con obras en ejecución. Entre ellas la escuela Nº 144.
Hoy hay varios imputados. Los funcionarios por fraude a la administración pública y homicidio culposo y de la empresa por estrago culposo con resultado de muerte. Pero ni la ex ministra Cristina Storioni, ni la presidenta del CPE, ni los dos vocales del Poder Ejecutivo, que promovieron y firmaron la Resolución 470/2021 están imputados.

La movilización en Cutral Có: mucha indignación por la impunidad en curso

Por jurisdicción la causa recayó en los tribunales de Cutral Có. A la audiencia de imputación se movilizó una gran cantidad de trabajadoras/es de la educación. La conducción provincial, a pesar del reclamo de las seccionales recuperadas, no convocó a parar. No obstante llegaron micros y combis, autos, desde distintas localidades para insistir que sea imputada también la exministra Storioni.

No hay que olvidar que a pocas horas de la explosión, en el marco de una movilización multitudinaria, el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, dijo que exigir la renuncia de la ministra era “inconducente”. Hoy la madre de la docente que falleció por las quemaduras recibidas en la explosión, lo increpó duramente a la salida de la audiencia.
Que la principal responsable no este sentada en el banquillo se debe pura y exclusivamente a la cobertura que le ha brindado la conducción de ATEN. La ex ministra ha sido, después de todo, la socia política del TEP-Celeste en la implementación de las reformas educativas de los últimos años,y una fiel ejecutora de la política que el gobierno nacional implementa a través del CFE, es decir, la política de lo que el TEP-Celeste considera “su” gobierno.
Es que la impunidad de los máximos responsables en este caso, copia la impunidad que goza Sobisch y los máximos responsables políticos del fusilamiento de Carlos Fuentealba. Sobisch tampoco está imputado en la causa Fuentealba II.

Porque todo apunta en ese sentido. El mismo abogado querellante por parte de ATEN dijo al explicar las imputaciones, que una de ellas es el homicidio culposo a funcionarios de segunda línea del CPE porque “se mandó a trabajadoras y trabajadores a dar clases y nadie advirtió esto al ministerio de Educación o al CPE”.
Pero es la ministra la que firma junto a la presidenta del CPE y los vocales oficiales cuatro días antes la Resolución 470/2021 que “obliga” a las y los trabajadores de la educación a volver a las escuelas.
La tesis de la querella que la ministra y la cúpula del CPE no sabía, es la línea de la impunidad para ellas y ellos. Ya que esto implica que la querella las desliga de las acciones que provocaron la explosión y las muertes.
Ahora se abre un período de cuatro meses para la investigación y tras ello vendrá el juicio, que será tortuoso y que sin un plan de lucha del conjunto, dejará como en el caso Fuentealba II a las/os responsables políticos en la impunidad. Y para eso son necesarias las asambleas. La voluntad de la base quedó expresada ayer en las puertas de la audiencia.

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