“A más tardar, el conflicto automotor quedará solucionado el 31 de julio”, dijeron al unísono Menem y Cardoso (El Cronista, 8/6).

Promesas aparte, el conflicto ya tiene un año y medio de antigüedad y la temperatura va en aumento.

¿Cuál es el conflicto?

Para cerrarles el ingreso a las automotrices asiáticas, las multinacionales radicadas en la Argentina y Brasil quieren seguir disponiendo de un arancel más bajo para importar autos desde sus casas matrices u otras filiales del exterior. Por eso quieren que, mientras los autos importados pagan un arancel del 35%, si la importación la hacen ellas, el arancel baje al 17,5%. Con esto lograrían seguir con una ventaja de precios respecto de sus competidores y vender más caro, tanto el auto fabricado en la región como el importado.

Los gobiernos de Brasil y la Argentina no están de acuerdo en prorrogar este subsidio. Además, ya no podrían resistir la presión de los otras patronales industriales que también quieren subsidios arancelarios.

Las automotrices radicadas en la Argentina plantean que, si no se les da ese arancel menor para importar autos desde sus filiales o casas matrices, la industria se desplazaría hacia Brasil ya que no tendría sentido tener fábricas en los dos países.

Se trata de un chantaje que está surtiendo efecto. El gobierno primero eliminó el pago de una multa de 120 millones de pesos por no cumplir con el régimen automotor, y ahora, sería “inminente el dictado de un nuevo decreto que favorecerá los desvíos productivos, entre 1995 y 1999, por alrededor de 30 millones de dólares” (El Cronista, 20/5).

Aunque las automotrices pretenden aparecer como defensoras de la industria radicada en la Argentina, lo cierto es que siguen un libreto internacional. El nuevo discurso está elaborado para arrancarle al gobierno nuevas concesiones, como el subsidio a la compra de autos nuevos —el Plan Canje—. Por eso, mientras se llenan la boca con la defensa de la producción interna, no tienen empacho en proponer “que los beneficios del Plan Canje en la Argentina sean aplicables a los vehículos de fabricación brasileña, ya que los descuentos del mismo actualmente son válidos para unidades de producción nacional” (El Cronista, 11/6). La propuesta revela que las terminales, aunque son locales, responden al interés de la casa matriz.

Sin embargo, en relación con las autopartes, sí hay una alianza de las multinacionales y los gobiernos. Existe un acuerdo entre ellos para que las automotrices sigan con la posibilidad de importar autopartes con aranceles más baratos, y que el porcentaje obligatorio de autopiezas regionales no discrimine cuánto debe ser de la Argentina y cuánto de Brasil.

Con esto, las terminales quieren profundizar la guerra de precios entre los autopartistas brasileños y argentinos y se favorece a los brasileños y a las autopiezas importadas.

Detrás de este choque, hay otro que engloba a las siderurgias. Es que las automotrices quieren bajar el precio de la chapa, algo que afecta a Techint. Al proponer un arancel bajo para proveedores y autopartistas, las multinacionales automotrices apuntan a importar más chapa del exterior.

Con el telón de la crisis del Mercosur, hay una guerra capitalista despiadada.