Como parte de las resoluciones del plenario de jubilados y activos por el 82% móvil, el pasado miércoles 19 se realizó una concentración en la Casa de Gobierno de la Provincia de Córdoba para presentar al gobernador un petitorio con las más de 1.900 firmas recabadas hasta el momento exigiendo la normalización de la Caja de Jubilaciones de la provincia, que se encuentra intervenida por el ejecutivo desde hace 25 años. La medida contó con la participación del sindicato de trabajadores de la salud UTS-Fesprosa, de la CTA Autónoma Regional Córdoba, el Foro Solidario Córdoba que impulsó el petitorio, las organizaciones de jubilados que están en plan de lucha, así como de las agrupaciones de la Coordinadora Sindical Clasista. Estuvo presente acompañando el reclamo de los trabajadores la legisladora del Frente de Izquierda y el Partido Obrero Soledad Díaz García.

El petitorio presentado se dirige directamente al poder político, a quien responsabiliza del vaciamiento de la Caja y de los ajustes y recortes contra la jubilación de los trabajadores de la provincia. No sólo se exige el cese de la intervención que en lugar de ser una medida excepcional, ya se ha naturalizado en una duración de dos décadas y media. También se denuncian los ajustes que, en nombre del desfinanciamiento y de la armonización, se han venido realizando durante años a través de distintas leyes, la última de las cuales, la ley 10.694, constituye un robo y un golpe históricos a la jubilación y los derechos previsionales de los trabajadores de la provincia. El accionar del gobierno es tan perverso que con la Caja intervenida argumenta un déficit que no puede venir más que de su propia administración fraudulenta, pero los que pagan son los trabajadores con recortes y reformas regresivas. El último recorte ha significado un promedio de 11,37% menos en los haberes de los nuevos jubilados provinciales.

El plan de acción que vienen llevando adelante las organizaciones de jubilados apunta además a los gremios y a desarrollar un movimiento entre los trabajadores activos por la defensa del 82% móvil y los derechos previsionales. Esta orientación contrasta con la línea de la burocracia sindical que abandonó la posibilidad del plan de lucha antes de haber amagado iniciarlo. El día que Schiaretti aprobó la ley 10694 una reunión de la CGT Regional Córdoba resolvió que no iba a haber medida conjunta sino que daba libertad de acción a los gremios. Es decir, dieron vía libre a Schiaretti para proceder con la reforma. Luego se conocería que el titular de la CGT, José Pihén, también legislador oficialista y secretario general del Sindicato de Empleados Públicos, en conocimiento de la situación, había tramitado su jubilación meses antes de la aprobación de la ley para evitar ser perjudicado por ésta. La línea de los reclamos administrativos y judiciales que estableció la conducción de UEPC (docentes) no ha tenido mayor efectividad que dividir el reclamo, plantearlo en términos individuales y sacarlo del terreno político para no confrontar con el gobierno al que son adictos. La perspectiva que les ofrecen a los trabajadores es de derrota, resignación y acompañamiento del ajuste.

Por eso el camino del plan de lucha establecido sigue con la batalla hacia el interior de los gremios, enfrentando la política de entrega de las burocracias sindicales y buscando el pronunciamiento de los trabajadores en asambleas, mandatos y plenarios. Ese importante plan de acción contempla además la convocatoria y la participación el próximo 25 de agosto en el Plenario Nacional de organizaciones de Jubilados, para confluir con el plan de lucha nacional. Además, como propuesta de la legisladora Soledad Díaz García, se realizará una audiencia pública las primeras semanas de septiembre, donde se defenderá el carácter completamente inconstitucional de la nueva ley y se reforzarán los argumentos que han llevado a la justicia a fallar contra algunos aspectos de la ley en un recurso de amparo presentado por trece jubiladas. La instancia no sólo servirá para dar la lucha política y llevar el reclamo a la legislatura provincial, sino para promover el plan de lucha que resuelven y llevan adelante los trabajadores contra el ajuste previsional y por la defensa del 82% móvil, el control de la Caja y la jubilación provincial. Con esta serie de iniciativas, el plan trazado arma un camino de lucha para los trabajadores activos y jubilados de Córdoba.