El miércoles pasado se desarrollo la última sesión de la Legislatura de Córdoba. Algunos días antes el CAPEC (Consejo Asesor de Política Energética de Córdoba), que depende del Ministerio de Agua y Energía había presentado un proyecto final de marco regulatorio para la energía en la provincia, apuntando a la privatización de EPEC y a establecer un tarifazo automático y permanente, en la línea de la legislación privatista menemista de los 90. Finalmente el proyecto nunca llego a tomar estado parlamentario y los representantes del oficialismo se comprometieron públicamente a no aprobarlo sin un debate previo con todos los actores, incluido el sindicato de Luz y Fuerza Córdoba. Ello podría ocurrir formalmente a partir de febrero próximo, aunque el adelantamiento electoral para el 12 de mayo pospondría aún más su tratamiento.

La incapacidad de imponer el marco regulatorio privatista, en una Legislatura dominada por el oficialismo, ha sido indudablemente el resultado de la destacada lucha de las y los trabajadores de Luz y Fuerza, cuyo punto máximo fue la movilización obrera del 16 de agosto con cerca de 20.000 personas; y también, de la agitación política que desplegó el Frente de Izquierda, especialmente desde la bancada de Eduardo Salas, que colaboró en clarificar frente al conjunto de la población las intenciones reacciones de privatización, tarifazos y reforma laboral del gobierno. El temor a una lucha que hiciera punta entre el movimiento obrero cordobés, golpeado con la derrota en la UTA y azotado por despidos y suspensiones y por paritarias a la baja, como así también a un viraje subjetivo hacia la izquierda, llevó a Schiaretti a congelar, por ahora, su proyecto privatizador.

No obstante, el gobierno desplegó una iniciativa para desguazar de hecho la EPEC e igualmente atacar a trabajadores. Procedió a la tercerización del sector de toma de estado y lo mismo con automotores. Por ley, avanzó sobre algunas conquistas obreras, como son la tarifa y la bolsa de trabajo, entre otros. Pero el ataque más fuerte se produjo en materia salarial, imponiendo un aumento del 10% por decreto contra una inflación que ronda el 48%. Para proceder de esa forma estableció claramente una extorsión; el gobierno denunció el CCT ante el Ministerio de Trabajo exigiendo la renuncia a derechos históricos, y negándose a discutir salario sin discutir toda la “paritaria”. Esa extorsión fue admitida en los últimos días por el SiReLyF (Sindicato Regional de Luz y Fuerza con sede en Villa Maria), que término arreglando 20% más de salario (30% en total).

Con todo este escenario, la lucha lucifuercista se hizo sentir en la última sesión de la legislatura, con movilización y piquete en pleno centro cordobés. Un día antes, el sindicato de Luz y Fuerza convocó a una importante movilización popular contra la privatización y los tarifazos. En el discurso de cierre de esa movilización, el secretario general Gabriel Suárez planteó que el “único límite es Macri” y exhortó al gobierno de Schiaretti a “escuchar los reclamos”. Antes, Suárez se había enrolado en las 62 Organizaciones peronistas, cuyo primer objetivo es, precisamente, participar de las elecciones junto al PJ de Schiaretti. La intención de alineamiento de la conducción lucifuercista al principal enemigo del gremio es un golpe a la lucha obrera; quizás el más importante que se pueda dar, porque refuerza la posición política del gobierno y lo rearma para avanzar en la privatización. Al respecto cabe hacerse la siguiente pregunta: Si Schiaretti gana las elecciones el 12 de mayo, ¿qué sucederá con EPEC y el CCT? En este punto hay que prestar atención al arreglo salarial que alcanzó la burocracia sindical del SEP (empleados públicos), con una actualización por inflación, pero solo hasta junio; es decir para garantizar la paz social hasta las elecciones.

Hay que sacar las conclusiones que deja la gran lucha desplegada en este 2018. Se puede derrotar a Schiaretti y Macri, pero para ello son necesarias dos condiciones esenciales. Por un lado hay que redoblar la iniciativa obrera y popular con un plan de lucha que inicie el 2019 inmediatamente, contra la privatización, los tarifazos y por el salario. Esa movilización debe ser la instancia para convocar a un congreso de trabajadores de toda la provincia de Córdoba que establezca un plan de acción general frente a la crisis que enfrentamos. Por otro lado, no hay que confiar ni un centímetro en las variantes políticas patronales, que están con los planes del FMI, con la entrega de nuestro país y nuestra provincia al capital financiero; que impulsan la privatización de EPEC y que quieren que la crisis la paguen los trabajadores. Es fundamental reforzar la campaña del Frente de Izquierda, la única alternativa política que luchara por su defensa y por un gobierno de trabajadores.