El 25 de agosto se realizó un paro nacional con desconexión de la Uejn-Judiciales en toda la justicia nacional y federal del país ante la inminente sanción de la ley de reforma judicial del gobierno en el Senado, con una concentración en el Palacio de unos cien delegados del gremio.

Un nuevo ataque

El proyecto, que ha sido caracterizado ampliamente en Prensa Obrera, no solo viene a flexibilizar las condiciones laborales de los/as judiciales con juzgados, fiscalías y defensorías que se crean sin dotarlos siquiera de un cargo de planta y con el traspaso ajustador de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires, sino que se viene a sumar a toda una serie de ataques y agravios que los judiciales sufren desde la asunción de Alberto Fernández.

Nos referimos al congelamiento salarial, a una reforma previsional con un descuento confiscatorio, a la quita de la feria de invierno cuando se estuvo teletrabajando ininterrumpidamente, al pago del aguinaldo en cuotas, la no atención a la emergencia judicial declarada por el pésimo estado edilicio y de sistemas (la semana pasada se incendió entero un Tribunal Oral) y a la no inversión, por parte de la Corte y el Consejo de la Magistratura, en protocolos de seguridad e higiene lo cual, a pesar de que la concurrencia es mínima, ha redundado en alrededor de 200 contagios.

Mientras el gobierno y el ala bolsonarista del macrismo están en plena pelea por el control de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional y de la Procuración General de la Nación -donde el kirchnerismo intenta remover dos jueces que el macrismo metió por la ventana y al procurador interino Eduardo Casal y donde cada bloque disputa tener sus propios magistrados para garantizar su propia impunidad- los trabajadores asistimos a una fuerte pérdida de salario y una progresiva degradación de las condiciones de trabajo.

Si bien este ala derechista estaría logrando su cometido de frenar la sanción de la reforma, a partir del recule provocado en el gobierno luego de la marcha del 17A, lo cierto es que al mismo tiempo se están sucediendo abiertas negociaciones entre Alberto Fernández y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para acordar otra reforma y el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad.

Para los trabajadores, esto podría implicar ganar tiempo frente a la reforma judicial, entendiendo que se presentan toda una serie de dificultades y obstáculos para organizar a los compañeros en el cuadro de un gremio en cuarentena (lo cual ha sido una conquista ante los sistemáticos intentos aperturistas de la Corte y los magistrados). Pero al mismo tiempo, la posibilidad de un acuerdo entre el presidente y el jefe de gobierno, podría dar más impulso al proyecto de traspaso flexibilizador.

Las conducciones sindicales

El Sitraju, gremio camporista que tiene su base fuerte en la justicia dependiente de la Ciudad de Buenos Aires, ha asumido una posición de apoyo total a la reforma judicial del gobierno. No solo en lo atinente a la reforma de la justicia federal, sino fundamentalmente en apoyo al traspaso a la Ciudad. No llega a esta posición por un cambio de signo del gobierno nacional. Durante el macrismo, también apoyó el traspaso, con la diputada Vanesa Siley a la cabeza. Se trata, sin más, de un sindicato amarillo que aspira a chupar afiliados y a engrosar la masa salarial que devenga la Ciudad, pues cuando firman paritarias (a la baja), ellos obtienen un porcentaje compulsivo en concepto de “cláusula de solidaridad”. El traspaso de miles de trabajadores le multiplicaría el quiosco por 10.

La burocracia de Julio Piumato (Uejn) no organiza ninguna de las medidas que tira por las redes sociales. No impulsa asambleas y menos aún plenarios de delegados para unificar a un gremio que se encuentra, en parte, segregado por la cuarentena. Apunta a que su acción unilateral empalme con el juego de rechazo que haga la corporación judicial y la derecha, pero no a organizar los trabajadores.

Seguir luchando

Sin embargo, el paro ha trascendido la acción de la burocracia de Piumato con cientos y cientos de trabajadores que se desconectaron por la acción de la oposición combativa. En un cuadro donde el conjunto de gremios de la Corriente Federal y la CTA han salido a respaldar el proyecto en una clara acción de carnereo a la lucha de los judiciales, el paro de la Uejn ha sido la única respuesta a la reforma del gobierno desde el campo de la clase obrera.

Por todo ello, y porque el gobierno podría llegar a un acuerdo con la derecha y la corporación judicial (ni qué decir que ya acuerdan en el congelamiento salarial y en otras medidas ajustadoras), habrá que seguir impulsando la organización por lugares de trabajo en aquellas dependencias que están funcionando en forma presencial y en las que lo hacen en forma virtual, para preparar las acciones que se deben desarrollar para derrotar a la reforma judicial y al ajuste en curso.

https://prensaobrera.com/politicas/duhalde-y-su-nueva-anarquia-del-ano-20/