En la noche del 30 de noviembre, en la localidad de Monte Grande fue asaltado y baleado un trabajador de PedidosYa mientras entregaba un pedido.

El trabajador, Leonardo David Campo, recibió un disparo en el hombro, perdió gran cantidad de sangre y lo asistió el Same, que demoró más de 30 minutos en llegar al lugar del hecho. Tiene el brazo comprometido.

Por el tipo de trabajo de los repartidores, con bicicletas, motos, manejando efectivo o pedidos en la calle, es habitual la exposición a situaciones de inseguridad y de accidentes.

El problema mayor se encuentra en que las empresas, que se llevan millones a costa de la vida de los trabajadores de reparto, no se hacen cargo de la relación laboral teniendo a casi la totalidad de la planta con monotributo. Con esto intentan no solo deslindarse de la responsabilidad que tienen sobre los trabajadores, sino también de ahorrarse las cargas patronales. De este modo tienen un bajísimo costo laboral y una alta ganancia.

Para los trabajadores esto significa: ninguna protección, tampoco un seguro por robo, ni una cobertura de salud médica a cargo de la empresa. No contamos con seguro de ART que nos asista y respalde en el caso de necesitar licencia. Es decir que si un trabajador en horario laboral se accidenta, o como es este caso, lo asaltan y lo balean, éste no cobrará ningun resarcimiento por lo sucedido y tampoco cobrará ni un centavo en la medida que no entregue pedidos. Dejando tanto los gastos corrientes como los gastos médicos a la suerte del repartidor.

Desde la Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR) vemos la necesidad de organizarnos para luchar por nuestros derechos, que no son más que los derechos históricos de los trabajadores como el trabajo en blanco y estable, el derecho a la atención de salud y frente a los accidentes laborales, el régimen de licencias, es decir la plena vigencia de un convenio colectivo de trabajo que regule nuestra tarea frente a la precarización y el abandono que las patronales quieren seguir llevando y así seguir llenándose los bolsillos con la complicidad del Estado y de las burocracias sindicales.