En unos pocos años, el pasivo de la obra social gráfica pasó de 4 a 90 millones de pesos y se fueron del sistema diez mil aportantes. La reciente apertura del "concurso preventivo por cesación de pagos" (El Cronista, 29/8) marca un salto en este acelerado proceso de destrucción.

Los ciento veinte despidos entre personal médico, auxiliares y administrativos (que podrían ser muchos más), la interrupción de las prestaciones zonales, la clausura de servicios enteros, la reducción del horario de atención del sanatorio Ciudad de la Vida son un brutal mazazo contra la misma "familia gráfica" que supo ser el centro de la demagogia ongarista.

El intento de echarle el fardo a las "gestiones anteriores" es absurdo: la dirección de la obra social ha estado siempre en manos de la directiva del sindicato y todas sus fracciones son cómplices del vaciamiento. Los responsables tiene nombres conocidos: Ongaro, Abraham, Amichetti y varios más que ya no figuran, como Andrés Avellaneda.

Resulta educativo que sea el ala "progre" de la Verde, encabezada por Amichetti, la que acometa la tarea patronal de despedir en masa a trabajadores que no cuentan siquiera con la defensa de un cuerpo de delegados. Ellos son quienes soportaron el cobro fraccionado de salarios y aguinaldos, el no pago de aumentos paritarios, el aporte compulsivo a la Verde y, sobre todo, su utilización como tropa de maniobras para asegurarse el control de asambleas generales y elecciones.

En las últimas semanas, una guardia de seguridad reforzada se plantó en las entradas de la clínica con una planilla indicando quién pasaba y quién no. Con este método propio de un vil negrero, el nuevo consejo directivo se quitó de encima a ciento veinte trabajadores, la mayoría de ellos con muchos años de antigüedad y de compromiso con la OSPG.

Los despidos (que no incluyeron ñoquis notorios o familiares de dirigentes, como la mujer de Ongaro) buscan aliviar la situación de la caja corriente, pero sólo agravan el pasivo económico ya que ahora vendrán juicios millonarios por las múltiples deudas y las indemnizaciones que se pretenden abonar al 50%.

El drástico ajuste contra la salud de los gráficos es un paso al abismo. Empeorará más aún los servicios médicos y no resolverá nada, porque no ataca las causas de la bancarrota: las deudas patronales y del Estado -la deuda K con las Obras Sociales-, los negociados como el de la mafia de los medicamentos, la caída en flecha de la cantidad de aportantes, el trabajo en negro y la reducción de los aportes por la degradación de la escala salarial y de la cápita jubilatoria.

El concurso es la antesala de la quiebra; ¿vendrá luego la liquidación de los activos y los inmuebles? Sin dudas está en juego el patrimonio histórico de generaciones de gráficos.

La defensa de nuestra obra social requiere que cada taller se pronuncie por una asamblea general para rechazar el ajuste contra la salud, por una comisión de base que investigue los libros y denuncie a los vaciadores ante la justicia, que se ejecuten los bienes personales de los responsables, que se resuelva una plan de movilización para exigir al gobierno nacional y a las patronales deudoras los recursos que son de los trabajadores gráficos; para revertir los despidos, eliminar los ñoquis y votar un nuevo consejo directivo con participación de activos, jubilados y trabajadores de la obra social, así como la inmediata organización gremial del personal de la clínica central.