Los delegados y choferes de la empresa Mi Bus Amancay S.R.L. dieron a conocer un comunicado donde denuncian las maniobras ilegales que está llevando adelante la patronal. El panorama descripto es sumamente crítico, general y de arrastre tras décadas de una patronal viviendo de la teta del Estado, todo un clásico. Las novedades llaman a rever el sistema de Transporte Urbano Público (TUP) en Bariloche, pero la situación se generaliza.

La crítica situacion de los trabajadores del transporte en el país tiene sus expresiones en la provincia y plantea salidas de fondo al problema. Los trabajadores de la 18 de mayo en General Roca evidencian situaciones similares luego de décadas de subsidios y tarifazos. Lo mismo ocurre con la empresa Koko, del grupo Vía Bariloche, que ha despedido y reducido salarios en medio de la cuarentena, mientras los subsidios del Estado siguen llegando.

Mi bus, pura precarización

En el comunicado los trabajadores cuentan las pésimas condiciones laborales que atraviesan, las cuales se han tornado habituales en la empresa, como ser el pago de salarios fuera de término, desdoblados y/o parciales, remuneraciones desactualizadas, liquidaciones erróneas, despidos injustificados, la falta de descanso, condiciones no aptas de trabajos, maltratos, falta de protocolos y elementos de protección personal en contexto de la pandemia, entre otros.

Por otra parte, los delegados y choferes de Mi Bus denuncian las irresponsabilidades que vienen ocurriendo desde el Estado -y que venimos señalando quienes oponemos la defensa de un trasnporte público verdadero y no privado- en cuanto a los organismos de gobiernos municipales, provinciales y nacionales.

En el mismo se expresa que tanto el Concejo Deliberante como el municipio de Bariloche y el gobierno provincial carecen de políticas relacionadas con la prestación del servicio, la falta de controles e inspección de las unidades y los servicios, y la falta de análisis y políticas con visión de futuro. A su vez expresan que el Ministerio de Trabajo, con sede en Bariloche, impide el ingreso de los delegados a las audiencias de mediación y toma decisiones arbitrarias en connivencia con el municipio y el sindicato.

Como si todo esto fuera poco, los trabajadores denuncian la falta de compromiso de la UTA (sindicato) Bariloche con los afiliados, que no se realizan asambleas de forma periódica y que no intervienen en los padecimientos que atraviesan los choferes y empleados de Mi Bus. El comunicado de los choferes de la Mi Bus es contundente: “No estamos de acuerdo con esta conducción gremial y sindical sentimos que no estamos representados y expresamos nuestra disconformidad con la actual conducción”.

El comunicado, en fin, denuncia los lazos de las patronales y los sucesivos gobiernos, que utilizan al Estado en beneficio propio y contra los trabajadores y los y las vecinas de a pie.

Por un transporte público bajo control obrero y ciudadano

La crisis que atraviesa el transporte urbano de pasajeros, agravada por la situación que se vive a nivel nacional por la llegada del Covid-19, exige medidas de fondo. La empresa de la firma Amancay viene siendo beneficiada con subsidios millonarios y con tarifazos descomunales. Lo cierto es que nadie sabe cuáles son las ganancias reales de la empresa, estás y las anteriores. En la última audiencia pública especialistas demostraron, teniendo en cuenta los costos de mantenimientos, como la empresa Mi Bus se lleva ganancias millonarias. Motivo por el cual, se hace necesario que la empresa abra los libros para que la sociedad barilochense pueda discutir abiertamente la lógica del transporte en la localidad, y oponer una salida propia.

En medio del conflicto la jefa de Gabinete del municipio, Marcela Abdala, de Juntos Somos Rio Negro afirmo que los trabajadores del TUP de Bariloche están “incumpliendo con la paz social que se había acordado con la UTA a nivel nacional”, pero no realizó ninguna mención por la falta del pago de los salarios a los trabajadores.

Abdala sostuvo que la única solución la pueden dar, a nivel nacional, los subsidios, que ya se anunciaron llegarán a mediados de junio, que rondan los 10 millones de pesos por parte de nación, más los 14 que le cedería a la empresa la provincia.

Por otro lado, el empresario Pedro Ponte, de MI BUS, fue más a fondo, apuntando a los y las estudiantes como el principal causante del “desequilibrio económico”.

Ante este cuadro de crisis solo hay una salida: que los trabajadores del transporte y usuarios opongamos una salida propia.

En primer lugar, ante las versiones de que la empresa se estaría preparando para irse, exigimos la continuidad de los puestos de trabajo de todos los trabajadores bajo su convenio actual, y el pago inmediato del faltante de los salarios. Frente a los intentos de Mi Bus y el gobierno de hacer pagar la crisis del transporte a sus trabajadores y usuarios impulsemos la apertura de los libros contables de Mi Bus por una comisión independiente que dé lugar a un proceso de expropiación de los bienes sin pago y estatización que termine con el negociado de la empresa, para un servicio público del transporte en Bariloche de los trabajadores y ciudadanos de a pie.