Bariloche: el “Contrato Social” es un ataque a los trabajadores municipales

El pasado 15 de abril Daniel Quintana, secretario de Hacienda del municipio de Bariloche, deslizó en una entrevista sus intenciones de reducir el salario de los empleados municipales.

Sucede que la crisis desatada por la pandemia y el aislamiento obligatorio han dado de lleno en las cuentas de un municipio que ya venía en la cuerda floja. El parate frenó toda la actividad turística en el ingreso a la temporada baja, y las reservas de Semana Santa –el último pico de movimiento hasta el invierno- cayeron completamente con el inicio de la cuarentena el 20 de marzo. Todo esto ha generado una baja en la recaudación municipal, reconocida por el propio Quintana.

En ese marco, estimó que los empleados municipales “podrían resignar una parte de su sueldo, ante la imposibilidad de gastarlo en otra cosa, dado que el 80% cumple con la cuarentena”. No conforme con la avanzada contra el salario, el funcionario se animó a esbozar una amenaza de despidos, señalando que quizás el trabajador "pueda resignar una parte porque va a privilegiar seguir formando parte del sistema".

El sindicato de municipales (Soyem) salió rápidamente al cruce de tamaña impostura frente a la caída del salario real y la creciente inflación. Apuntaron contra el accionar del Ejecutivo por llevar incertidumbre sobre los salarios de más de 2.000 trabajadores y anunciaron un plan de lucha si avanzan contra el salario estatal. Sin embargo, esta actitud contrasta con la habitual negociación de paritarias a la baja por parte de la conducción del gremio y la ausencia de un plan de lucha por el pase a planta de más de 450 empleados municipales, que siguen esperando hace más de dos años (requisito exigido por el municipio) y esto a pesar de que ya ocurrieron alrededor de 200 bajas por jubilaciones.

Quintana, quien fuera denunciado recientemente por doble percepción de haberes se refugia en la baja de ingresos propios y del porcentaje de coparticipación para atacar a los trabajadores municipales, en lugar de aplicar un impuesto a los grandes capitales locales, empezando por Capsa, el concesionario del Cerro Catedral.

Desde el Partido Obrero de Bariloche nos solidarizamos con las y los trabajadores municipales contra el intento del Estado de descargar la crisis económica y sanitaria sobre nuestros bolsillos.