Apenas conocidas las “criticas” de la burocracia cegetista al proyecto de “reforma laboral” (si se pueden llamar asi), el ministro de Trabajo se encargó de puntualizar que, después de todo, el propio Brunelli “había negociado reformas en el convenio colectivo de Somisa” (Clarín, 5/5). Dos días después, una solicitada de la UOM pretendía que el “ministro falta a la verdad”, ya que la “flexibilidad”  que está siendo aplicada, lo ha sido sólo por “la vía de la imposición, mediante resoluciones, laudos y decretos”. “Ni Naldo Brunelli, ni Alberto Piccinini, ni la UOMRA, ni los trabajadores, concluye la solicitada de la UOM, pudieron haber negociado algo que el propio Ministerio de Trabajo no quiso negociar”.

La UOM admite, entonces, que la “flexibilidad” ya se viene implementando en el conjunto del gremio. Pero, ¿ha sido contra la voluntad de los Brunelli, Piccinini y Miguel?

SOMISA

En el segundo semestre de 1990, el entonces directorio de SOMISA anunciaba para ese año una reducción en el “costo laboral” de 40 millones de dólares. Los ahorros correspondían a la supresión de horas extras y cesantías de trabajadores contratados, política que la patronal llevó adelante con la connivencia de la UOM. En ese momento, Naldo Brunelli hizo plebiscitar la privatización como la tabla de salvación para la siderúrgica nicoleña. Pero la condición para vender SOMISA era una reducción drástica de los puestos de trabajo y un aumento de la “productividad”. Un plan semejante exigía despedir al 60% de la planta y superexplotar a los “sobrevivientes”, imponiendo la rotación y “multiplicidad” de tareas. Lejos de resistir este plan, Brunelli se comprometió a fondo con él: dos meses después de asumir Triaca e iniciar su plan de retiros “voluntarios”, el interventor amenazó con completar la supresión de puestos de trabajo a través de cesantías lisas y llanas. Entonces, Miguel y Brunelli firman una “tregua” con el interventor. A través de la misma, Triaca admitía … extender la vigencia de los “retiros voluntarios”, los que —a partir de la firma de este acuerdo— pasaron a contar con el beneplácito de la UOM. El mensaje a los trabajadores era claro: Brunelli y Miguel apoyaban los “retiros”. En pocas semanas, dos mil trabajadores se inscribieron en las listas de “retiros”. Tres meses después, cuando el gobierno exigió 3.000 despidos más y los metalúrgicos estaban al borde de ocupar SOMISA, Brunelli pactó otra “tregua”: ahora los “despidos” se transformarían en “suspensiones”, que sólo serían levantadas si “otro personal se acoge al régimen de retiros”. Brunelli, en tanto, señalaba que “no podemos impedirle a la empresa que abra los retiros voluntarios, ni tampoco vamos a hacer piquetes para evitar que se anoten…” (Norte, 27/10/91). Es decir que  llamaba abiertamente a los suspendidos a “agarrar” el “retiro”. Miente, por lo tanto, la solicitada de la UOM cuando dice que “Triaca racionalizó laboralmente la empresa despidiendo “voluntariamente” a 6422 trabajadores, utilizando para ello la gendarmería”. Ahora, Miguel y Brunelli “ironizan” acerca del carácter ‘voluntario’ de las cesantías, ¡pero fueron ellos los encargados de “venderle” a los trabajadores de SOMISA la política de los “retiros”, a la que presentaron como un mal menor!

Mientras renunciaba a miles de puestos de trabajo, Brunelli presentaba como un triunfo de sus “treguas” y pactos la “continuidad productiva” de la acería. Lo que esto significaba, sencillamente, era el compromiso gremial para producir “lo mismo” con la tercera parte de los trabajadores, es decir, la renuncia de hecho al convenio colectivo y la admisión de la “flexibilidad”.

Acindar

La solicitada miguelista sale en defensa del “centroizquierdista” Piccinini, al afirmar que tampoco en Acindar se negoció nada, y lo “que si existió fue una tremenda presión patronal a través de un lock out admitido y fomentado por el Ministerio de Trabajo”. Pero mucho antes de esto, el burócrata de la UOM de Villa se había declarado partidario de la flexibilidad laboral: “no cedemos ante ninguna conquista de nuestro convenio por rama pero adecuamos ciertos mecanismos a la medida de cada fábrica, de cada región, de cada taller”, afirmaba Piccinini en su efímero vocero “Propuesta de los Trabajadores”, al tiempo que le admitía a la patronal de Acindar una “prueba de cinco días” con los “nuevos métodos de trabajo”. Según el actual dirigente del CTA, la aceptación de la “flexibilidad” podía parar los despidos en masa. En cambio, fue la renuncia de la UOM Villa a la defensa incondicional del convenio lo que “cebó” a los Acevedo para largar las 1.000 cesantías y el “lock out” patronal. En esas condiciones, Piccinini inició una negociación secreta con Acindar, levantó los piquetes obreros que cercaban la planta y terminó imponiéndole a los trabajadores un “acta acuerdo” que sancionaba, explícitamente, la incorporación de los “nuevos métodos de trabajo”, mientras “empaquetaba” los despidos en un plan de retiros y suspensiones progresivas.

La UOM

Pero la señal de largada a lo sucedido en Acindar y Somisa la dió el propio Miguel en abril de 1991: entonces, la UOM aceptó el arbitraje obligatorio en la cuestión del convenio metalúrgico. La injerencia estatal permitía incluir a la UOM en la política “cavallista” de condicionar incrementos salariales a “aumentos en la productividad”, esto es, a la superexplotación y a la renuncia al convenio colectivo. Sometida la UOM a este “arbitraje”, se lanzó la ofensiva “flexibilizadora” que Brunelli y Piccinini admitieron. Pero que, en cambio, fue resistida en Propulsora, donde asambleas generales rechazaron un “premio por productividad” y también la “multiplicidad de tareas”.

La solicitada de la UOM termina afirmando que el “acuerdo obrero patronal” que propone el gobierno “no puede lograrse si el Estado no asume su papel de árbitro y conciliador”. ¡Pero es el propio gobierno el que ha largado la reforma laboral antiobrera! Miguel está diciendo, simplemente, que no está dispuesto a luchar contra la “reforma laboral”, sino que se someterá a una parodia de acuerdo o negociación en torno de la misma. Como en 1991, los “pactos” miguelistas (y de sus “modernos” aliados de centroizquierda) terminarán con la aceptación incondicional de las exigencias de las patronales y el gobierno.