Entre gallos y medianoche, sigilosamente y absolutamente a escondidas de la masa de los trabajadores, la intervención de Corchuelo Blasco acordó con Upcn y con Ate rama Pami (sector disidente de la Cta, afín a Moyano y Rodríguez Saá), firmar un Convenio para la actividad, de características flexibilizadoras y productivistas. El proyecto otorga un poder discrecional a la alianza peronista de burócratas y funcionarios del Pami, presentada bajo la forma de Comisión Paritaria Permanente y de Centro de Capacitación y Formación, constituidas en forma conjunta por miembros colocados a dedo por las partes. La contraprestación a los “servicios” gremiales consiste nada más y nada menos que en un 1% de la masa salarial mensual para los gremios firmantes, aportado por el Instituto; otro 1% para el Centro de Capacitación, y un 0,5% de aporte de los trabajadores a igual efecto.

El hecho de que en medio de la crisis política y la parálisis absoluta del Pami, desde el punto de vista presupuestario y prestacional, surja este exabrupto, habla a las claras de que se trata de un golpe gangsteril, destinado a surtir la caja de un sector del PJ, a partir del bolsillo de los jubilados y los trabajadores. La conducción nacional degennarista de Ate, no ha querido quedar fuera y, siendo la única que podría firmar en nombre de Ate, ha nombrado paritarios de su propio Consejo Directivo. Si bien ha hecho trascender que su participación es para “poner límites” al avasallamiento de derechos y a la racionalización del Pami, al momento de cierre de esta nota no ha hecho pública esta intención, ni ha lanzado una campaña de denuncia, a pesar de que está en su conocimiento desde hace más de una semana.

El proyecto, antiobrero desde todo punto de vista, consiste en la adaptación de la ley 24.185 del Empleo Público Nacional, que en su momento firmaron Menem y Upcn y de la que Ate retiró la firma por la violenta reacción del Cuerpo de Delegados, que dio lugar a la destitución del entonces paritario y directivo Aníbal Díaz.

Barre con cualquier estabilidad, al disponer la indemnización por despido sin causa y establecer el retiro voluntario como mecanismo normal de cese de la función. El horario de trabajo queda sujeto a las “disposiciones complementarias” que dicte el Instituto, según “necesidades o conveniencias de trabajo”, y también la “redistribución de personal”.

Introduce la “polivalencia y flexibilidad” de funciones para la “mejora de niveles cuali-cuantitativos” de servicios. Establece – como la ley nacional – un mecanismo de “prevención y solución” de conflictos, que es un verdadero aplastamiento del derecho de huelga y de la soberanía de los sindicatos sobre sus acciones. Esto al dejar en manos de la Comisión Paritaria el tratamiento de los conflictos, que en caso de desacuerdos, recurre a un complejo mecanismo de mediación privada, con plazos de más de un mes, tiempo durante el cual no se podrán tomar medidas de acción, y será de aceptación obligatoria en caso de acuerdo entre funcionarios y burócratas. Y en caso de medidas de acción se establecerán guardias obligatorias.

Semejante entregada está debidamente lubricada por los millones de pesos mencionados al principio y por el goce de licencias gremiales para un batallón de burócratas, miembros de las innumerables comisiones y subcomisiones que quedarán formadas permanentemente.

El Partido Obrero llama a los trabajadores estatales de Pami, de todos los gremios, a los estatales en general, por su alcance, y en particular al Cuerpo de Delegados de la Seccional Buenos Aires de Ate, ha levantarse contra este engendro, aplicación del convenio nacional menemista, que en la actualidad está en proceso de reglamentación, también con la participación de las burocracias gremiales.

Asambleas y autoconvocatorias para rechazar el convenio negrero y el golpe de mano de la Intervención y la burocracia.