Al cerrar esta nota estaba a punto de firmarse el convenio colectivo para el personal de Pami, entre el interventor Corchuelo Blasco y todo el espectro de la burocracia sindical: Upcn (menemista), Ate rama Pami (moyanista-Rodríguez Saá) y Ate nacional (Cta-De Gennaro). El proyecto es flexibilizador y anticlasista. Se basa en la ley sobre “Negociación Colectiva del Sector Público Nacional” (N° 24.181) y declara que servirá para encauzar las demandas reivindicativas gremiales “por vías no confrontativas”, “en aras de metas compartidas y objetivos comunes” (entre los trabajadores y la patronal).

Para los gremios hay una tajada especial, un fondo fiduciario, a cargo del Instituto, para financiar un Centro de Capacitación, no menor al 1% de la masa salarial total. Y un “aporte solidario”, para fines sociales, vivienda, turismo, etc. No es un precio excesivo para la patronal si se tiene en cuenta que el convenio sienta las bases para la liquidación fondomonetarista del Pami, que Bramer Markovic y Alderete no pudieron imponer.

Introduce el criterio de eficiencia, a los efectos de calificación, promociones y categorías. De productividad para salarios, aunque el convenio no los fija. De funcionalidad (léase polifuncionalidad), especialmente ligada a la “supresión de dependencias o la supresión de funciones asignadas a los trabajadores, con la eliminación de los respectivos cargos”. Es decir, sienta una estrategia de achique y racionalización de los “recursos humanos”.

Como reaseguro de este futuro vaciamiento del Pami, se establece un mecanismo de cerrojo sobre los conflictos gremiales, mediante un complejo sistema (artículos 82 a 92) de “autocomposición” de conflictos a cargo de la Paritaria Permanente y de “mediación” posterior, si fracasa la primera, obligatoria para las partes, que dura más de 40 días. Y que impone guardias mínimas si no se llega a un acuerdo. Los policlínicos propios de Rosario, permanente objetivo de racionalizadores y privatistas, quedan sujetos a un régimen especial, que dispondrá la Paritaria Permanente. Los gremios, incluido la Ate-Cta degennarista, han firmado la defunción del Pami.

Para hacer pasar este engendro, en medio de una gran movilización con paros del personal por la restitución del 13%, la Intervención concedió una bonificación de 300 pesos por tres meses, a cuenta de la recomposición que comenzará a regir el 1° de enero. Como parte del paquete se acuerda, en el acta de intención firmada, avanzar en la anunciada “normalización” de la obra social, completamente trucha y digitada en los términos fijados por la Intervención y Barrionuevo.

Una vez más, la parte más perversa y grotesca quedó a cargo de Ate–Cta, que lanzó una campaña de fervoroso apoyo al engendro; pero como “en Ate decide la asamblea”, hizo un simulacro farsesco de “plebiscito nacional”, a realizarse el mismo día que debía firmarse el convenio y anunciado 24 horas antes, en algunos edificios del centro. Por la plata baila el mono y hacen el ridículo las burocracias “progresistas”.

El Partido Obrero repudia el convenio liquidacionista del Pami y llama a los trabajadores estatales a movilizarse por su derogación y por la defensa de la obra social de los jubilados.