En lo que va del año, en la ciudad de Buenos Aires se han registrado más de una docena de derrumbes, que han costado vidas de trabajadores, heridos y mutilaciones. Mientras tanto, los Gobiernos de la Nación y de la Ciudad se pasan descaradamente la pelota uno a otro, por la falta de controles a las obras en construcción.

 

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo nacional denunció que detectó en la Capital 883 construcciones con graves problemas de seguridad, y que tuvo que clausurar 15 porque la Ciudad no se hizo cargo. En tanto, desde la administración macrista respondieron que "controlaron a todas las obras denunciadas" y que sancionaron a las que correspondía.

 

Desde 1997 existe una resolución en la Capital que obliga a todas las empresas constructoras a presentar un plan de seguridad a cargo de un profesional especializado, que explique cuáles serán los elementos de protección de los empleados y qué nivel de capacitación tendrán.

 

Esa resolución no se cumple. Después de las críticas producidas tras el derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza se incorporó la obligación de las ART de denunciar a sus propios afiliados que no cumplan con las medidas de seguridad en las etapas de excavación y de demolición

 

Temerosas de una cadena de juicios, las ART cumplieron con la formalidad de denunciar a sus propios clientes en nada menos que 4.881 casos a la Superintendencia. Esta "tomó nota", pero… simplemente le pasó la pelota al gobierno porteño.

 

Lo fantástico de este dato es que 883 construcciones ni siquiera habían presentado el plan de seguridad. El gobierno porteño actúo sólo en 70 casos y la propia Superintendencia "por su cuenta" clausuró 15 obras. Así las cosas, entre los dos gobiernos atendieron 85 casos de los 4.881. En este cuadro, está muy claro que los derrumbes irán en franco aumento, al igual que los accidentes potenciales.

 

Macri es denunciado desde el inicio de su gestión por la total falta de controles. Quiere dejarles en claro a los capitalistas que no va a poner obstáculos de ninguna naturaleza para la construcción en la ciudad. Sus propias obras en veredas y en cordones las realizó con personal tercerizado y de cooperativas truchas.

 

Mientras denuncia a Macri, el gobierno nacional apaña el accionar de otro responsable de las muertes de trabajadores en derrumbes, la burocracia de Gerardo Martínez. La Uocra hace la vista gorda en todo lo que sea seguridad. En nombre de que si "se ponen obstáculos a la construcción se desalienta el empleo" y de que es mejor trabajar en cualquier condición. Con ello, sólo esconden que coimean a empresarios desde el inicio mismo de una construcción.

 

La burocracia formula alguna denuncia aislada sobre la falta de seguridad sólo a los efectos de cubrirse ante un eventual accidente. Pero no para ninguna obra por la falta de seguridad o de elementos para sus trabajadores. La resultante es un promedio de un trabajador muerto por día en derrumbes y en accidentes de trabajo.

 

Los trabajadores de la construcción son las grandes victimas de toda esta complicidad de gobiernos capitalistas y de la burocracia de la Uocra.

 

Los reclamos y la lucha por trabajo en blanco, contra la precarización y contra el fraude laboral son parte importante del programa del Sitraic. Ante el incumplimiento de las condiciones de trabajo establecidas por convenio, denuncia a las empresas, efectúa un emplazamiento, realiza asambleas de obra y para hasta que se cumplan las normas laborales que eviten centenares de muertes obreras ante la voracidad capitalista. Hay que defender esta metodología de clase como única garantía de frenar los accidentes laborales en la construcción, frente a la imposición de la nueva negrera ley de Riesgos del Trabajo.