Pasamos el día del trabajador judicial (lunes 16) culminando un paro nacional de 60 horas, el octavo paro consecutivo. Esta semana es corta en la Justicia: el lunes arrancó con un feriado y luego tendrán lugar medidas de fuerza. Habrá un paro de 36 horas que arranca el jueves con una concentración en el Palacio, para salir en caravana de autos, motos, bicicletas y compañeros movilizando a pie.

Las razones para proseguir con las medidas de fuerzas son claras. Desde que asumió Alberto Fernández no hubo aumentos y el salario no paró de perder poder adquisitivo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha pedido al gobierno la autorización para pagar solamente un 10% de recomposición salarial y no ha hecho público ese pedido como siempre lo hizo. Los cortesanos piden un aumento que es rebaja salarial y se guardan el pedido para que no se sepa si hay retroactivo o no.

Pero el gobierno ni siquiera se avino a autorizar el pedido de 10% que le remitió la Corte. Pretende emular en la Justicia la paritaria a la baja del 7% que le impuso a los estatales y los docentes universitarios. Con una inflación que no va a bajar del 37% y estas paritarias de hambre (robo a jubilados mediante), está clarísimo que el gobierno bajará el déficit fiscal de acuerdo a las metas del FMI, con un ajuste sobre los trabajadores.

La Corte comparte esta línea de ajuste del gobierno, por ello mantiene el multimillonario fondo anticíclico guardado bajo siete llaves, cuando podría disponer de una porción de él para dar satisfacción a los reclamos.

Una contención que no alcanza

Esta semana, desde el sector de la Corte que responde a Lorenzetti se firmó una resolución para efectivizar a todos/as los/as contratados/as que tengan 3 años de antigüedad. Se trata de una nueva reducción del tiempo para efectivizar, la anterior fue de 5 a 4, hace dos años. La medida beneficia a cientos de trabajadores/as, puesto que no solo se confirman esos trabajadores/as, sino otros tantos interinatos en cadena que dependían de la consolidación de esos contratos en cargo de planta.

Pero teniendo en cuenta que sumando lo que se perdió en el gobierno de Macri y los 11 meses de Alberto Fernández la depreciación oscila en el tercio del salario, y que para las categorías que entraron en la reforma jubilatoria la poda llega al 40%, por el brutal aumento del aporte personal, se ve a las claras que lo resuelto por la Corte son chaucha y palitos.

Además, venimos del cobro del aguinaldo en cuotas, de la pérdida de la feria de invierno cuando se estuvo teletrabajando desde el comienzo de la pandemia y de la no regulación del teletrabajo que redunda en un aumento exponencial de la jornada de trabajo sin la debida contraprestación en el salario.

Organizar y continuar la lucha

Los cortesanos pretenden atravesar la pandemia y el ajuste en curso sin arbitrar ningún recurso extra cuando tienen un fondo anticíclico de miles de millones de pesos depositados en los bancos. Desde la oposición, y en particular la Agrupación Bermellón, exigimos al gobierno nacional la ejecución de partidas, y a la Corte el adelanto de las mismas echando mano a ese fondo multimillonario.

Piumato convoca medidas a repetición, pero sin preparación ni plenarios de delegados para organizarlas. Del multimillonario fondo anticíclico del que dispone la Corte, ni una sola palabra. En lo concreto, le está cuidando el bolsillo a los cortesanos, constituyendo una alianza con una patronal que está en plan de guerra contra los judiciales.

Desde la Agrupación Bermellón impulsamos los paros y movilizaciones para superar los límites que la directiva del sindicato les imprime. Impulsemos asambleas, plenarios de delegados para seguir desenvolviendo y organizando la lucha. Todos/as al paro de 36 horas con caravana.