Carta de Uepc-Capital a la comunidad educativa y al pueblo de Córdoba

El próximo 26 de febrero la docencia realizará un paro en rechazo al ajuste antieducativo del presidente Javier Milei y del gobernador Martín Llaryora. La delegación de Uepc Capital prepara una masiva movilización desde cada escuela para darle al paro un carácter activo, y que apunte a convertir la lucha por el salario y los demás reclamos de la comunidad educativa en una causa popular.

En ese sentido, el sindicato combativo viene impulsado numerosas iniciativas de movilización, entre ellas, esta carta dirigida a "la comunidad educativa y al pueblo de Córdoba", que a continuación reproducimos:

Queremos comunicar a la comunidad educativa y a la población en su conjunto que debido a la grave situación que atraviesan la educación y la docencia en Córdoba, nos encontramos en serio riesgo de poder iniciar normalmente las actividades por entera responsabilidad del gobierno provincial. Alertamos, a la vez, que el derecho a la educación también está en la mira del gobierno nacional quien pretende avasallar nuestros derechos laborales, eliminar el Fondo Nacional de Incentivo Docente que es parte de nuestro sueldo y declarar la esencialidad educativa, lo que representa el fin de nuestros derechos a reclamar. Todo este cuadro provincial y nacional tuvo y tiene a la docencia en pie de lucha durante diciembre, enero y febrero.

En primer lugar, el gobierno desconoció la paritaria firmada en 2023 fuera de cualquier legalidad y nos impuso, para los 3 primeros meses del año, cobrar la mitad de la inflación. Si tenemos en cuenta que el salario de una maestra no cubre la mitad de la canasta de pobreza y que en este período la inflación superará el 60%, el gobierno nos plantea, lisa y llanamente, pulverizar nuestro salario. Esto sin contar que, durante las fiestas de fin de año, el bloque oficialista votó en la Legislatura otro recorte salarial y previsional.

En segundo lugar, además del recorte de diciembre, nuestros jubilados quienes en su mayoría no llegan al 70% del salario de los activos, percibirán los aumentos entre uno y dos meses después. ¿Puede un gobierno que ajusta a jubiladas que no llegan a comprar sus remedios acusarnos de ser inflexibles y de no tener “sentido común”?

En tercer lugar, a pesar de que el gobierno nos aumentó el aporte que hacemos al Apross, se redujeron las prestaciones. Así, 80 mil docentes nos encontramos prácticamente sin cobertura médica.

Un capítulo clave es el estado de los establecimientos educativos y la reducción a la mitad de los planes de obras que se estaban realizando, ya a cuentagotas, y con extensas demoras. Existe un recorte del presupuesto educativo que se subejecuta y decrece desde 2017. A las más de 400 escuelas vandalizadas y robadas en 2023, se suman 40 sólo durante el verano. A pesar de haber sido alertado, el Ministerio se mantuvo impávido frente a las denuncias.

En la mayoría de las escuelas públicas, estudiantes y docentes desarrollan las actividades diarias con las mínimas condiciones para enseñar y aprender. Esta es la causa principal de pérdida de días de clases y el gobierno es responsable. Se cursan notas y reclamos que duermen el sueño de los justos. Las escuelas son financiadas por la comunidad educativa y sostenidas por sus luchas.

La pobreza entre nuestros y nuestras estudiantes crece anualmente. Las últimas medidas económicas agudizarán la malnutrición infantil, principal causa de los problemas de aprendizaje y las habilidades sociales en edad escolar. Los recortes en planes alimentarios son manifiestos y el ajuste en discapacidad ha llegado a cifras alarmantes.

Además, el gobierno incorporó una extorsión contra los salarios a través del “Ítem Profesionalidad Docente” que lejos de buscar la profesionalización de nuestro trabajo o de hacer que los docentes estén en el aula, busca atacar a quienes luchan contra las políticas de ajuste a la educación. Llaryora le da la espalda al proceso pedagógico, legalizando y promoviendo jornadas laborales que superan las 8 horas e implementa el presentismo modificando nuevamente nuestro estatuto de manera ilegal. Al aumento de las problemáticas sociales producto de la profunda crisis que vive el país, lo abordan docentes extenuados, que además deben dedicar su descanso semanal a la formación y planificación de clases. Esto ocurre en un gremio integrado mayoritariamente por mujeres, que son sostén de familia y que con un solo sueldo tienen que mantener todo el hogar. Alertamos que el ataque a las condiciones de trabajo de la docencia es una ofensiva al conjunto de la educación, tanto pública, como privada.

El gobierno provincial, como ya es costumbre, corta el hilo por la más delegado y sostiene, a pesar de la crisis, la millonaria pauta publicitaria y aumenta la rentabilidad del capital especulativo y de las grandes corporaciones que viven de las finanzas del Estado.

El gobierno nacional y provincial, cobardemente, han decretado un plan de guerra contra la educación en pleno receso. No tendrán la comodidad de nuestro silencio, mientras existan docentes y una comunidad educativa de pie, no habrá escuelas de rodillas.

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