A fines del año pasado el gobierno peronista de Catamarca  de Raúl Jalil, a través de la cartera de Educación, elaboró la resolución ministerial 706 que manda a llevar adelante un feroz achique en la modalidad de enseñanza para jóvenes y adultos, con recortes en las horas cátedras y modificando la currícula, lo que significa lisa y llanamente un despidos encubiertos para los docentes que se desempeñan en las escuelas bajo esta modalidad. Debido a la movilización docente tuvo que dar marcha atrás a sus planes.

La pretendida puesta en práctica de esta resolución generó manifestaciones de los docentes en espacios públicos y frente a una escuela para adultos, que contó la adhesión de numerosos trabajadores de la educación.

El ajuste que está en marcha. no sólo para los docentes sino para todos los trabajadores el ámbito público de la provincia, tiene como actor principal a la administración Jalil, y es secundado por la oposición que chista para la tribuna pero obra como cómplice de este ajuste. A la hora de aprobar el presupuesto para el año en curso, se nota un achique en las horas cátedras comparado con el año 2022. En la Cámara de Diputados se aprobó con el voto de los oficialistas, pero la oposición ni siquiera presentó una propuesta por la minoría y dejó hacer al gobierno de Jalil, con el argumento de que no tenían tiempo para analizar el presupuesto. Pero en la Cámara de Senadores el presupuesto de ajuste para los trabajadores catamarqueños fue votado por unanimidad.

La movilización de los docentes hizo recular al gobierno en la implementación de la resolución 706. Según publicaciones de los medios locales, esta quedará en standby: “No se implementará la estructura y el diseño curricular mientras no se determine el procedimiento administrativo correspondiente y aprobado por resolución ministerial”,  o sea que la meten en el freezer hasta que vean la posibilidad de aplicarla. Esto no es un dato menor, por ello hay que profundizar la discusión sobre estas formas de facto que tiene el gobierno de modificar el Estatuto Docentes, pretendiendo avasallar los derechos de los trabajadores.

Se hace necesario plantear también un salario que cubra la canasta básica que hoy es de  $163.000, superando no sólo la miseria fijada por el gobernador provincial de 100 mil como mínimo sino también el tope marcado a nivel nacional por el gobierno de Fernández, con la venia de la Ctera, de $130.000, con sumas en negro, totalmente alejada de la realidad por la que atraviesan los trabajadores, pero sujeta a las pretensiones del Fondo Monetario, guía de la cual no se apartan los Fernández ni Massa, y para ello cuentan con el aval de la burocracia sindical.

Por la defensa de la educación pública y del estatuto; por el rechazo del acuerdo salarial arribado por Ctera, que marca la pauta para las discusiones paritarias que comenzarán el 22 de este mes; por la derogación de la resolución 706/22; por salarios igual a la canasta y por asambleas en las escuelas que pongan en discusión la importancia de que el salario cubra las necesidades de los docentes. Por establecimientos en condiciones edilicias que no pongan en riesgo la salud de los docentes y estudiantes, y por un plan de lucha, que defienda nuestros derechos y reivindicaciones.

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