Una asamblea de más de 250 trabajadores del Centro Gallego -la más grande de los últimos años- resolvió un plan de paros escalonados, en reclamo del pago en tiempo y forma de los sueldos, la reincorporación de dos despedidos y el cese de la persecución y el apriete patronal. 

 

El centro, que pertenece a la colectividad gallega, está bajo intervención judicial, consecuencia de la crisis que hace tres años llevó al hospital al borde del cierre. El juzgado otorgó la administración a un interventor del Inaes, organismo estatal que supervisa el cooperativismo y está hoy dirigido por el Kolina de Alicia Kirchner.

 

La intervención, que hace gala de haber recuperado el hospital, paga los sueldos en cuotas y en fechas caprichosas, debe aguinaldos, mantiene otras deudas salariales de larga data y somete a un personal insuficiente a ritmos extenuantes de trabajo. Un cuadro sospechoso, dada la cantidad de obras sociales y seguros que contratan sus servicios, así como los altos volúmenes de trabajo.

 

La burocracia de ATSA convocó a asamblea y dio luz verde al plan de paros propuesto por los asambleístas.

 

Los dirigentes del gremio están muy presionados por una base que ha realizado escraches, cortes de calles y movilizaciones permanentes, al margen del sindicato. Pero, además, juega un factor político en este recambio del gobierno nacional. La burocracia ha pegado un viraje desde el FR de Massa -Daer salió diputado por ese frente- y están enfrentados con la intervención camporista. Se proponen marcar la cancha.

 

La agrupación Asis (de la Coordinadora Sindical Clasista) fue organizadora de la asamblea e impulsora del plan de lucha; distribuyó una declaración antes de la asamblea, que tuvo una gran aceptación. Reclamaba un plan de acción hasta la regularización del pago de los sueldos y las condiciones de trabajo y alertaba sobre una campaña patronal confusionista.

 

¿Estatización?

 

Efectivamente, la intervención viene impulsando una línea de “estatización” trucha del hospital con el objetivo de distraer a los trabajadores de sus reclamos, pero también para presionar a favor de su perpetuación. Sea esta mediante una prórroga de la intervención -está por vencer el plazo de su vigencia- o de una administración mixta con la colectividad gallega, para conservar lo que consideran un bastión K del gobierno que se está yendo. 

Esta propuesta de “estatización” es una impostura: no se ha reclamado la expropiación ni se plantea ninguna investigación del pasado vaciamiento y sus consecuencias ni el procesamiento de sus responsables.

 

Se trata de una chantada y, peor aún, un encubrimiento de los ex gestores, que hace tres años remataron el patrimonio de la entidad.

La intervención ha cooptado para su campaña a un grupo de trabajadores, semiligados a la CTA, que en nombre de la crítica a la burocracia de ATSA, llaman a carnerear los paros y a desafiliarse del sindicato. Una nefasta y aventurera convergencia política con la intervención camporista.

 

De lo que se trata es de reforzar el plan de lucha y la unidad de los trabajadores del Gallego, exigiendo el personal necesario y el cobro de los sueldos correspondientes. Y abrir el debate, en este marco, sobre el futuro del Gallego.

 

Alrededor de este programa debe agruparse el activismo del hospital de manera independiente de la intervención y de la conducción burocrática de ATSA.