La docencia chaqueña se manifestó este jueves por la mañana, en toda la provincia, denunciando el retorno a las clase bajo las actuales condiciones, los salarios devaluados, el deterioro constante de la infraestructura edilicia y reclamando el pago de la deuda de la cláusula gatillo.

La cláusula gatillo es una conquista que logró la lucha docente en el 2019. El gobierno de Capitanich se comprometió a pagarla durante el 2020, lo cual nunca cumplió y acumuló una deuda que implicaba un aumento del 30% y debe ser pagada con retroactividad. Sumado a esta deuda, también se reclamó un piso acorde a la inflación que se espera para el 2021, que solo para enero fue del 4% y que según los analistas será cerca del 50% para todo el año. El reclamo de un básico igual a la canasta básica es necesario, ya que los docentes chaqueños cobran un básico de $11.000 y sus salarios no superan los $30.000.

Además de estos reclamos, las escuelas públicas se encuentran deterioradas, sin bombas de agua, los sanitarios destruidos, sufrieron robos, etc. Durante el 2020, en materia edilicia, no hubo ninguna inversión, en tanto que sólo se destinó por escuela 15 litros de lavandina y 20 jabones para higienizarse. Un insulto ante los tiempos de pandemia.

El gobierno habla de la vuelta a clases a través de la doble modalidad (virtual y presencial), pero no aclara en qué condiciones se aplicará esta medida. Desde el año pasado se viene reclamando la creación de cargos auxiliares, acceso a internet y dispositivos electrónicos para docentes y estudiantes. La banca del Partido Obrero fue activa denunciante de estos reclamos en la legislatura provincial, presentando proyectos e incentivando la organización de los docentes por asambleas virtuales; sin embargo, la indiferencia de Juntos por el Cambio y el PJ fue a la altura de las políticas de Capitanich.

Una entrega de la caja previsional al mejor estilo macrista

En este ataque a las educación pública nos encontramos nuevamente con la maniobra de armonización de la caja previsional de la provincia (INSSSEP) que, al igual que Macri, garantiza el ataque a trabajadores activos y jubilados.

Capitanich firmó un acuerdo con la Anses donde pide un préstamo de 1.400 millones de pesos. Este acuerdo debe ser ratificado por la legislatura, por lo cual la banca del Partido Obrero votó en contra, porque se trata de un nuevo ataque a los trabajadores. Todo el arco del PJ votó a favor. Los afiliados desconocen el motivo y el destino de estos fondos, lo único seguro es que ante cualquier incumplimiento la armonización y los fondos coparticipables se verán afectados.

Llama la atención como de manera descarada la UCR, impulsores de este ajuste a los jubilados en el gobierno de Macri, votó en contra, una posición que pretende aparecer como defensora del régimen previsional pero que en el pasado reciente acusaban a jubilados docentes de que ser “privilegiados”.

Volviendo al acuerdo del Anses, mantenemos que es un arma de doble filo ya que por un lado genera una dependencia financiera con la Anses, que deja la puerta abierta para que modifiquen los derechos para jubilarnos a los 28 años de aporte, y, por el otro, pretende utilizar los aportes de afiliados estatales, municipales y docentes como caja de recaudación para el pago de la deuda externa.

La solución no es darle en bandeja los aportes a la nación, ni endeudar a la provincia para costear el  supuesto“déficit”, sino que los libros sean públicos, que se regularice al conjunto del personal en negro (para integrar esos aportes), se aumenten los salarios y garantizar un verdadero control obrero de la caja previsional para que los trabajadores participen de la distribución de los fondos.

La organización docente debe servir como punta de lanza para todo el movimiento obrero de la provincia y hacer retroceder las políticas de ajuste e insalubridad del gobierno. El camino es la lucha activa en defensa del salario, los derechos y una educación pública en condiciones.

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