Al mes y medio de paro con movilizaciones docentes en el Chaco, el gobierno decretó una semana de conciliación obligatoria, convocando una reunión entre el ministro de Hacienda y los sindicatos el lunes 8, para realizar una nueva oferta. Esta nueva oferta no implicó cambios respecto a la anterior, solamente se adelantaban cuotas, estableciendo un magro 27% a septiembre, en tres pagos. Los sindicatos rechazaron la oferta y entre la base docente hubo indignación. El Frente Gremial convocó a volver al paro desde el 9. Sectores autoconovocados, especialmente en el sudoeste, parando con la CTA Micheli, nunca levantaron la huelga, cesando actividades incluso bajo la conciliación.

Frente a este panorama, el gobierno sacó de la manga una declaración de “emergencia” educativa para quebrar la huelga. El decreto 1014 es un enorme ataque a la educación pública y a la docencia.

Un decreto reaccionario

El decreto 1014 no es solamente un ataque al derecho a huelga. Es un intento de darle superpoderes al ministerio de Educación para reorganizar el conjunto del sistema educativo, pisoteando las leyes (como el Estatuto del Docente), los derechos laborales, y el derecho a una educación de calidad. Es falso que el objetivo sea una mejor calidad educativa, o asegurar el derecho a la educación: el objetivo es reducir los recursos para la educación y amordazar a los docentes. 

El decreto ataca el derecho a huelga, porque habilita la utilización de vacaciones como compensación de los paros, e incluso, de acuerdo a lo que dicen funcionarios, la designación de suplentes por huelguistas. Retoma la resolución 506 (que, bajo el gobierno de Jorge Capitanich y Juan Carlos Bacileff Ivanoff, habilitaba reemplazar huelguistas por suplentes) que fue declarada inconstitucional en su momento.

Otro punto es que se avanza en el cierre de cursos porque establece que se revisará la planta orgánica funcional de cada establecimiento para ponerla en relación con la matrícula y los proyectos pedagógicos, con el objeto de “optimizar los recursos humanos”. Traducido: cierre de cursos, aulas superpobladas, deterioro educativo. En Resistencia, en más de 10 escuelas secundarias hay amenazas de cierres y el Ministerio amenaza con cierres masivos.



A esto se suma la suspensión de comisiones de servicio, que dejará sin trabajo muchísimos colegas cuando esos docentes vuelvan a las escuelas, desplazando a sus suplentes.

El decreto le da la potestad al Ministerio de eliminar la capacitación docente en servicio y sobrecargar a los docentes con actos escolares, estableciendo que se realicen todos a contraturno, cosa que es imposible. 

Establece “premios” en puntaje y salarios, un sistema totalmente cuestionado donde se aplica porque divide a los docentes y favorece a las escuelas “mejor ranqueadas” contra el resto, profundizando la fragmentación del sistema educativo. Esto es ilegal porque viola la escala de remuneraciones que establece el estatuto.



Recorta las licencias establecidas por el estatuto, en forma ilegal: por ejemplo, por integración familiar, no más de un año.



Reduce el presupuesto educativo, porque establece “revisar todos los rubros de inversión y gastos”, una fórmula para aplicar un ajuste en todos los niveles contra la educación. Pero son los docentes, que sostienen la educación día a día, los que deben controlar a los funcionarios, no al revés.

Por la derogación del decreto

La inconstitucionalidad del decreto es manifiesta, le da superpoderes al Ministerio de Educación para pasar por encima de todos los derechos laborales y del derecho a la educación. Por eso, va a ser recurrido en la justicia por los sindicatos. El miércoles 10, una gran movilización ganó la calle rodeando la Cámara de Diputados, para reclamar que se exija al Ejecutivo la derogación del decreto. Aurelio Díaz, diputado provincial del PO, presentó un proyecto en este sentido. La Cámara votó un pedido al Ejecutivo de que reconsidere la cuestión y que convoque nuevamente a los docentes para buscar un acuerdo.

La lucha contra el decreto se suma como punto central a la lucha salarial, que ya se venía llevando adelante. La masividad de las acciones es la única garantía para quebrar esta política de ajuste.