Daniela Torrente, ministra de educación del Chaco, fue llevada al recinto legislativo para que dé respuesta de su gestión gracias al proyecto presentado por la banca del Partido Obrero.

Del temario a tratar, los docentes junto a estudiantes y familias que nos movilizamos hacia la cámara de diputados buscábamos respuestas ante el conflicto educativo que aún no se resolvió e incluso se agudizó debido a los descuentos por día de paro y al acuerdo que firmó la burocracia sindical como también a las condiciones de edilicias e insalubres en la que nos obligan a concurrir a los establecimientos.

La interpelación desnudó no solo la falta de inversión en materia edilicia, de recursos y acceso a la educación para estudiantes y familias de escuelas públicas, sino que revela toda la dirección que plantea el gobierno donde los fondos públicos son volcados al mantenimiento de escuelas privadas y de gestión social. No es una casualidad, el plan es claro: desvalorizar el trabajo docente y desmantelar el presupuesto educativo desviando los fondos públicos hacia estas escuelas e institutos  que por la irregularidad en que se encuentran suman a las prácticas de precarización laboral. Estás escuelas e institutos son las primeras en violar los derechos laborales de contratación docente ya que no se ajustan al estatuto docente, son manejadas por gremios, empresarios y punteros políticos afines al gobierno.

El presupuesto educativo que durante el 2020 fue de 25% contrario al 33% de lo que establece la Constitución provincial, el mismo que durante el gobierno de Peppo y Macri no solo resultó escaso por la inflación anual sino que el gobierno justifica que no pudo actualizarlo debido a la pandemia. Por supuesto que expusieron gráficos y esquemas pero lo cierto es que aún las escuelas se encuentran en las mismas situaciones que años anteriores.

Respecto a los aumentos salariales y a la deuda por la suspensión de la cláusula gatillo, la ministra dijo que esa deuda fue saldada través de la firma del último acuerdo salarial por el cual a los docentes nos depositaban un aumento no remunerativo de $5.000 , a pagar en dos cuotas. Un robo extraordinario, ya que el Estado  nos debe  por esta deuda más de $40.000 por cargo.

Todos los gráficos y justificaciones del gobierno y la ministra dejan en claro que la realidad mata relato, que claramente la gestión y el programa educativo apuntan a seguir culpando a la docencia de los males de la educación cuando son las políticas del gobierno las que nos ponen en esta condición cada vez más degradante. Aurelio Díaz, diputado del Partido Obrero, expuso en el recinto cuánto es el real sueldo del docente. Una docente de nivel inicial cobra $17.000, la canasta básica es de $60.000. Las escuelas suspenden sus clases por problemas edilicios, la mayoría de los docentes es obligada a concurrir a establecimientos aún sin estar vacunados al igual que la población; los recursos, conectividad y dispositivos son financiados por las familias y los miserables sueldos docentes. El ministerio en lo único que ha contribuido es en profundizar el conflicto educativo y hasta a sumariar a directivos por negarse a entregar planillas de descuentos.

Nuestra salud, nuestro trabajo y la defensa de la educación pública no sobreviven ante el ajuste y las mentiras del gobierno. Torrente debe renunciar, la docencia debe seguir la lucha.