El ejecutivo provincial busca imponer de oficio la jubilación anticipada al personal de la administración pública de la provincia a través del decreto 8020/20 enviado por el gobernador Capitanich a la legislatura. Esto ha generado preocupación y fuerte rechazo por parte de los trabajadores y sindicatos que se oponen a esta medida inconstitucional e inconsulta que avasalla el derecho a jubilarse.

Esto trae grandes prejuicios al poder adquisitivo de la clase obrera que se verá obligada a jubilarse y percibir menos salario en un contexto de suba inflacionaria que encarece cada vez más el costo de vida, con paritarias a la baja, con montos en negro que dejarán de percibir y la gente no puede ganar menos porque lo que ya gana no alcanza.

Esta medida de ajuste contra el bolsillo del trabajador implicará un alto impacto en el salario con disminuciones de hasta un 40% en el ingreso mensual, como los trabajadores del InSSSeP. Al mismo tiempo que el gobierno pretende “descartar” a personas que se sienten en condiciones y quieren seguir trabajando, entendiendo la jubilación no como un derecho y obligando al trabajador de la administración central, entes autárquicos y descentralizados, más las personas que están dentro del grupo de riesgo, al retiro involuntario.

El gobierno no ha hecho ningún tipo de estudio exhaustivo para determinar el impacto de las jubilaciones compulsivas en cada ente laboral, al reducir el personal eso repercute en la administración de cada sector.

En el caso de educación por ejemplo, hay escuelas que registran un portero por edificio y no se ha hecho un relevamiento de las necesidades verdaderas de cada casa de estudio dónde, muchas de ellas se mantuvieron abiertas para brindar el servicio de comedores y merenderos, sostenidas con trabajadores precarizados no registrados, con salarios de miseria costeados con becas que van de $3.000 a $7.000 pesos por mes, sin elementos de bioseguridad, obra social o elementos de higiene. Por lo tanto, van a jubilar trabajadores de planta y esos puestos se cubrirán con precarizados. Dejando de lado las necesidades en recursos humanos que presenta cada establecimiento.

La precarización laboral histórica atenta contra el sistema, miles de trabajadores bajo modalidades precarias, como becas o contratos de obras, restan ingresos al sistema e impiden mantener o mejorar la relación de activos y pasivos, relación que mide la sustentabilidad del sistema. Esta situación fue mantenida por los distintos gobiernos, tanto radicales como peronistas.

Tenemos de ejemplo los retiros voluntarios en salud pública, durante el gobierno de Peppo, donde se desmanteló el sistema jubilando a trabajadores esenciales y especializados de varias áreas, sectores que en la actualidad se encuentran al borde del colapso por los avatares de la pandemia y el desgranamiento del sistema de salud. Medida que no sólo afectó al trabajador, sino que va en desmedro de la sociedad en su conjunto.

Déficit previsional

Está medida genera una profundización del tan golpeado régimen previsional provincial. Ya afectado por decisión de que el sistema previsional de la Policía tenga requisitos y condiciones menos exigentes que los demás sectores, fue tomada oportunamente por el Estado, reconociéndose que iba a provocar un desajuste económico importante en el sistema y resolviéndose que el Poder Ejecutivo deberá hacerse cargo del citado costo. Esta sola cuestión significa aproximadamente el 50% del déficit previsional.

Si bien, el gobierno nacional financia el déficit de los sistemas previsionales provinciales, excluye los mayores costos que surjan de decisiones provinciales que modifiquen condiciones o requisitos previsionales distintos a los del régimen nacional. Por lo tanto, no financia el mayor déficit del sistema policial de la provincia ni de los regímenes de retiro implementados en distintas gestiones.

Y la respuesta al déficit no debe satisfacerse con un aumento de los aportes de los trabajadores como pretende el gobierno, cuando gran parte del déficit se provoca por decisiones del mismo gobierno.

Está situación nos debe encontrar movilizados, junto a los distintos gremios y sectores laborales que se han pronunciado contra la jubilación compulsiva del gobierno porque es otra pata del ajuste y la precarización en la provincia. El proyecto del ejecutivo fue aprobado en la comisión de legislación de trabajo, desde la banca del partido obrero nos opusimos desde un principio, convocamos a movilizar a la sesión dónde finalmente no se presentó el proyecto por presión de distintos gremios y sectores de trabajadores que manifestaron su oposición. Por ello, llamamos a redoblar la campaña hasta lograr el archivo del proyecto.