En la ciudad de Villa Ángela, provincia de Chaco, trabajadores de la UPI (Unidad de Protección Integral) han renovado sus reclamos por mejores condiciones laborales y el pase a planta del 90% del personal. La institución, que se encarga de la intervención profesional multidisciplinar sobre la vulneración de los derechos de las infancias y adolescentes según Ley N°7.162, ha estado sufriendo el ajuste por parte de los gobiernos local y nacional, en un contexto de vaciamiento y crisis en el sistema de Desarrollo Social.

Los trabajadores, que incluyen psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos y abogados, no cuentan con un transporte de la institución y tienen que utilizar sus propios medios de transporte, como bicicletas o motos, para realizar visitas domiciliarias en la ciudad y sus alrededores. Tampoco reciben viáticos ni tienen acompañamiento policial, lo que los pone en una situación de riesgo permanente debido a la violencia y el estrés. Además, cumplen una jornada laboral de 5 horas por día y tienen que realizar guardias nocturnas durante todo el año.

A pesar de la importancia de su labor, estos trabajadores solo reciben una beca de $50.000, que no brinda obra social, seguridad laboral, aguinaldo ni aportes jubilatorios, lo que los mantiene por debajo de la línea de pobreza e inflación.

Además, la institución no cuenta con un edificio propio, lo que hace que cada vez que se vence el contrato de alquiler, los trabajadores se encuentren en una situación de incertidumbre sobre dónde funcionará la institución. Los espacios que suelen alquilar son reducidos y no están adaptados para personas con discapacidad. Además, la institución no cuenta con sanitarios para el personal y el público.

La situación de vaciamiento y la emergencia en el sistema de Desarrollo Social son parte fundamental para lograr las metas con el FMI. Es una política que muestra claramente cuáles son los intereses los gobiernos provincial y nacional. El vaciamiento es sistemático de todos los que gobernaron y es una muestra más de que aquellos que estuvieron en el poder fundieron la provincia y el país, dilapidando el ahorro nacional en el pago de la deuda usuraria y los grandes subsidios a los monopolios como ERSA o a las grandes cerealeras.

Ante estas pésimas condiciones laborales, salariales y edilicias, los trabajadores de la UPI deben seguir organizados y profundizar el plan de lucha, deliberar en asamblea: el pase a planta, aguinaldo, paritarias y el 82% móvil para las jubilaciones. ¡Basta de precarización laboral!

El ajuste es realizado por los gobiernos nacional y local pero el vaciamiento es histórico. Es una deuda de la democracia en estos 40 años.

Ni los Capitanich, Ivanoff o los Polini-Ayala son garantía para resolver los problemas que las y los trabajadores padecemos. ¡Asamblea y plan de lucha!

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