La empresa Cheeky SA -una de las líderes en el mercado textil nacional-, propiedad de la ex primera dama Juliana Awada y su familia, se encuentra protagonizando un papelón nacional debido a la negativa a depositar el salario íntegro de sus más de 800 trabajadores: con una de las mayores facturaciones de la industria y locales por todo el país, los Awada alegan una “difícil situación” y solo han depositados sumas irrisorias a cuenta de “adelanto” del subsidio de la Anses.

La cuestión salió a la luz por una denuncia del gremio de cortadores de indumentaria (UCI), radicada en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, donde se consigna que la empresa solo depositó por el mes de abril sumas que varían entre los $2.000 y $8.000 –antojadizamente. En una comunicación al conjunto de los y las trabajadoras, los Awada manifestaron que "En caso de que ANSES no concrete el pago esta semana, la empresa depositará un adelanto de 10.000 pesos el viernes 15 de mayo. Luego definiremos cómo y cuándo se hará el descuento del mismo". Es decir que han retaceado unilateralmente el pago de los haberes de sus trabajadores y expresan que de abonar estos $10.000 los mismos serían descontados del mes de mayo.

La industria textil es una de las más precarizadas y peores pagas del mercado, así incluso lo corroboran los salarios que incumple la empresa. A su vez, es un terreno donde proliferan todo tipo de vulneraciones a las condiciones de trabajo. Los Awada ya habían sido denunciados reiteradas veces por el empleo de trabajadores en negro, durante jornadas de 15 horas en talleres clandestinos ultraprecarizados, amparándose en supuestas tercerizaciones.

La precarización laboral y los talleres clandestinos no son  patrimonio exclusivo de las patronales como Cheeky, sino un fenómeno que se ha desarrollado y extendido durante todo el periodo del gobierno kirchnerista, luego del macrismo y que prevalece en la actualidad. Las grandes empresas subcontratan estos talleres para abaratar costos, muchos de los cuales operan en plena Ciudad de Buenos Aires, con el aval y la vista gorda de los distintos gobiernos. La tan mentada “industria nacional” se asienta sobre la superexplotación de la mano de obra local para obtener mayores ganancias.

La extorsión de Cheeky y los Awada a sus empleados no opera en el vacío, sino que es el resultado de las medidas de rescate patronal impulsadas por el gobierno de Alberto Fernández, que ha ampliado la recepción de los beneficios y subsidio a todas las empresas, sin importar que estas cuenten con respaldo económico para soportar la crisis. Los Awada le pasan la factura al Estado, de una cuenta que el gobierno se ofreció a pagarles. Lo llamativo no sería, en tal caso, que las grandes patronales quieran “salvarse” a costa del Estado, sino por qué el Estado sale al auxilio de las grandes fortunas.

 La situación de Cheeky, y de miles de empresas como esta, demanda la apertura de sus libros y su control por parte de los trabajadores. A su vez, deben pagarse de inmediato la totalidad de los salarios, sin ninguna condición ni a cuenta de nada. La pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto más que nunca la necesidad de organizarnos y luchar para que la crisis la paguen los capitalistas.