El pasado martes un incendio a cinco kilómetros de Esquel se extendió en más de 500 hectáreas. Las imágenes del incendio recorrieron todo el país, postal que ilustró una provincia prendida fuego en más de un sentido.

El gobernador albertista, Mariano Arcioni, viajó a la zona cordillerana en el marco del “Comité de Crisis” convocado a los fines de enfrentar el incendio. Lo cierto es que su destino era la ciudad de Esquel, pero al ver que se concentraban trabajadores estatales y activistas ambientales en la zona de aterrizaje -en Esquel desde 2003 todos los días 4 de cada mes se reedita la marcha del No a la Mina-, Arcioni decidió virar hacia Trevelin, donde fue igualmente recibido por un grupo de activistas que lo repudiaron al grito de “Fuera Arcioni”, a la vez que un nutrido cordón policial debió custodiarlo, mientras intentaba reunirse con los intendentes Sergio Ongarato (Esquel) y Héctor Ingram (Trevelin).

El incendio de Esquel ya ha sido aplacado, pero hay que destacar que, así como todos los trabajadores del Estado, los Bomberos Voluntarios y los Brigadistas del Servicio Provincial del Manejo del Fuego, no cobran en tiempo y forma, se les adeuda la cláusulas gatillo desde  octubre de 2019 y adicionales por zona patagónica y antigüedad desde marzo del mismo año; lo que daría un promedio de $100.000 por brigadista. Además de percibir sus haberes de forma escalonada, sin ningún tipo de certeza sobre la fecha de cobro. Ante las medidas de fuerza que vienen realizando –tuvieron que interrumpir el paro que mantenían debido al incendio, al igual que los trabajadores del Hospital Zonal de Esquel-, el ministro de Seguridad Federico Massoni ya ha deslizado la posibilidad de crear un escalafón de Bomberos en la Policía de Chubut, a los fines de golpear y dividir a dicho sector en lucha.

La crisis se profundiza

El incendio de Esquel puso nuevamente de relieve la profundidad de la crisis política y económica de Chubut. Un proceso de desintegración del mismo Estado está en curso, atizado por un movimiento de lucha que vuelve a ponerse en pie. Esta semana, Arcioni depositó el salario de los trabajadores legislativos a los fines de desactivar el paro que mantenía la Legislatura provincial, y así poder brindar su discurso de apertura de sesiones. Junto al pago a los legislativos (que por sus ingresos están en el 3º y 4º rango del pago escalonado) se sumaron los diputados y asesores, lo cual generó un rechazo generalizado entre los estatales, que calificaron de “arbitrario y selectivo” el pago. Judiciales, trabajadores de la Salud y docentes, emitieron comunicados en repudio a este accionar, apuntado al gobierno y no a los empleados legislativos. Incluso ya se anunciaron paros de ATE y Atech por 72hs. Empleados de áreas como Contaduría General (que efectiviza los pagos a toda la administración pública), por ejemplo, decidieron no liberar más pagos hasta cobrar sus sueldos. Hasta los jueces se sumaron a la protesta, en el marco de una crisis tal que el Consejo de la Magistratura provincial votó que los concursos de todos los aspirantes magistrados sean arancelados, en gran medida, por ellos mismos. Incluso en la policía hay protestas por parte de efectivos separados por reclamos salariales, como el caso del oficial Chirstian Montensino.

El gobierno provincial se dispone a aprobar en la legislatura su postergado paquetazo de ajuste, pulido entre las diferentes variantes del PJ. El tratamiento del congelamiento de salarios por 180 días estaría descartado,incluso se aprobaría uno para congelar sueldos de la planta política. Pero si ingresaría el de “débito laboral” y retiros voluntarios del Estado. El primero consta, según explicó el jefe de bloque del arcionismo, el diputado Juan Pais de “una ley con límite temporal, que aspira a que aquellas personas que trabajan en el Estado y le faltan menos de 5 años para jubilarse podrían suscribir un convenio individual entre el empleado y la administración, para continuar percibiendo el salario pero al 50 o al 70% del total”, esto no aplicaría ni para salud ni para la policía. Los retiros voluntarios contarían con una “gratificación” en 24 incómodas cuotas. Se trata de la punta de lanza del nuevo mega-ajuste contra los trabajadores estatales. Y no se ha descartado que el congelamiento de salarios sea aprobado por decreto. 

Los puntos de conflicto en la provincia son múltiples. Los trabajadores viales han vuelto cortar la Ruta 3 en el Valle por retrasos en sus pagos. Ha trascendido una reunión del ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá, en una cumbre minera en Canadá, respaldado por el ministro nacional Hensel, lo que ya comienza a movilizar al No a la Mina en toda la provincia. Los docentes mantienen el no inicio y los paros, junto a los trabajadores de la salud que hicieron huelga en todos los hospitales de la provincia.

El gobierno de Arcioni, fuertemente respaldado por los capitalistas locales y por el gobierno nacional de Alberto Fernández, es incompatible con los reclamos básicos de los trabajadores, debe irse por la movilización popular junto a todo el régimen corrupto de Chubut. Un Congreso de bases de todos los sindicatos debe discutir un plan de lucha progresivo, un programa de salida a la crisis por parte de la clase obrera.