Trabajadores y trabajadoras que desempeñan funciones en la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano bajo un programa de becas que data del año 2016, cuyo monto no supera ni siquiera la línea de indigencia y bajo condiciones de completa irregularidad, se encuentran reclamando la regularización de su situación laboral.

El decreto 1636/16 implementó un programa de becas con el pretexto de capacitar personas interesadas en el área de políticas sociales vinculadas a la protección de la niñez, adolescencia y tercera edad, en economía y asistencia social entre otras; dejando abierto al arbitrio de la autoridad de aplicación, actualmente el Ministerio de Desarollo Humano con Florencia Papaiani a la cabeza -otra funcionaria reciclada del PJ -, la determinación del monto y plazos. Lejos de eso, fue utilizado como instrumento de explotación laboral del Estado dado que los “beneficiarios” de esas becas cumplen diversas funciones laborales con un contrato completamente “en negro” que asegura que puede rescindirse sin expresión de causa. Entre las tareas de los “becados” se encuentran desde cadetería, mantenimiento, administración e incluso la atención a la línea de emergencia por violencia de género.

En 2024, dentro de las promesas que realizó, Torres tomó una serie de compromisos respecto a la planta de personal de la administración pública que nunca fueron cumplidos, tales como efectuar las recategorizaciones atrasadas en los distintos ministerios, recomponer los salarios y regularizar la situación laboral de los trabajadores que se encontraban dentro del programa de becas, entre otras. Razón por la cual se dio inicio al Expediente N°2832/24 para incorporar a la planta transitoria de Desarrollo Humano a una primera etapa de becados, pero hay aproximadamente 400 que se encuentran distribuidos en todo el territorio provincial, según nuestras fuentes. Esto no implica una solución definitiva, en tanto no implica formar parte de la planta permanente pero significa una mejora en el monto percibido y entrar en la carrera para ser integrado en algún momento, o al menos figurar formalmente como parte de una dependencia pública, en este caso Desarrollo Humano. Cabe señalar, que los trabajadores que actualmente se encuentran en planta permanente en ese ministerio como en algunas otras áreas como por ejemplo Cultura, pertenecen a la llamada “exley 1987” y hoy en día se encuentran con un fuerte reclamo debido a los salarios de pobreza que perciben y la falta de actualización salarial, siendo que un ingresante apenas supera los 700 mil pesos, monto menor a la mitad del valor de la canasta básica patagónica.

Sin embargo, pasado casi un año no hubo avances ni información sobre el tema, a pesar de haber exigido los exámenes preocupacionales, los que fueron costeados por los propios trabajadores, en algunos casos por un valor que triplicaba el monto de la beca. Desde la banca del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad -que actualmente ocupa Santiago Vasconcelos en la Legislatura del Chubut-, se presentó un pedido de informe para conocer el estado del expediente, vehiculizar el reclamo debido a la falta de respuestas y colocar el tema en la agenda pública denunciando la precarización llevada a cabo por el Estado Provincial con el agravante de que se desarrolle en un área tan sensible.

La respuesta tardó más de lo debido y fue contundente: se reconoció por parte de esa cartera la existencia de tal expediente y por tanto la existencia de la irregularidad de sus trabajadores que data de ocho años para atrás, no sin mencionar los nuevos parámetros de la ley I 801 -sancionada en diciembre por la totalidad de la bancada oficialista en conjunto con el PLICH y la mayoría de las del PJ- que fue incorporada recientemente a la ley de emergencia económica y financiera, según la cual deben producirse tres vacantes para efectivizar un ingreso, siendo una contradicción en sí misma, ya que en el mismo párrafo reconocen que tanto la problemática como el inicio del expediente es anterior a la sanción de la ley, por lo que claramente constituye una excepción. 

Los trabajadores “becados” vienen organizándose, con un apoyo sindical prácticamente nulo, para conseguir que se cumpla con aquello que se prometió. Desde el Partido Obrero apoyamos fuertemente este reclamo como así también la de los trabajadores de la ex 1987 y todos los sectores estatales que luchan por salarios dignos en una provincia que se declara en emergencia económica cuando por otro lado no deja de condonar deuda a Nación, bajar las regalías a las petroleras e impulsar diferentes beneficios fiscales a las grandes empresas. Los que están en emergencia son los trabajadores, tanto estatales como docentes, de la salud, judiciales y los marineros que se encuentran resistiendo un lock out patronal que busca la rebaja salarial y más beneficios fiscales. Por la unión de todas las luchas seguiremos estando en las calles hasta lograr que Torres asigne los recursos a las demandas de la población y hasta que Milei se vaya.

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