La docencia de Chubut, junto al sector estatal, sufrió la crisis del ajuste en los salarios durante los seis años de gestión de Mariano Arcioni. El cambio de gobierno con Ignacio Torres, junto con el cambio del signo político –del delfín de Massa en la Patagonia al niño mimado de JxC- garantiza la continuidad de que sean los trabajadores quienes paguen con sus salarios y condiciones laborales el pago de la deuda provincial ¡Basta de atacar a los trabajadores a instancias de pagar una deuda que no se ve reflejada en la provincia, en rutas, escuelas u hospitales, y cuyos acreedores aún son desconocidos!

El ataque legislativo de Torres intenta amedrentar

Torres utilizó como una de las premisas de campaña electoral la situación docente: el destrato, los bajos salarios, las condiciones laborales, un sinfín descriptivo de la realidad docente. A pesar de ello, como toda promesa de campaña, cae por su propio peso. Torres en el poder, a través de sus secuaces ministeriales – Andrés Meizner, un gran fusil aliado de Arcioni y quien fuera el último ministro de Educación, y José Punta, actual ministro- enviaron a la Legislatura para que se trate en sesiones extraordinarias –entre el 22 y 26 de enero-, un proyecto de ley que castiga económicamente aún más a la docencia. Bajo el título de “profesionalidad docente” se esconde la creación de un adicional a gusto y piaccere de quien decide amedrentar a la docencia que sale a luchar con descuentazos. Torres elaboró una copia recargada del “ítem aula” de Cornejo, implementado en Mendoza en 2016, que vulnera los derechos adquiridos, camuflado a través del presentismo.

El paquete de artículos que contempla la ley es un ataque de lleno al estatuto docente, a lo regulado en el régimen de licencias docentes y a las condiciones laborales. El adicional consta de un 15% del básico testigo (hoy en aproximadamente $110.000) remunerativo, destinado a ser cobrado para “reconocer a los docentes que de manera diaria y constante, ya sea dando clases, formando parte del equipo directivo o supervisando…”. Discrimina de forma explícita –art. 6°- a aquellos que se encuentran en situación pasiva, comisiones de servicio o cambios de funciones.

A la vez, sin entrar en detalles, se plantea que será percibido por el sector pasivo, por ser de carácter remunerativo, no bonificable, y conformado dentro del SAC. El artículo 7° ya profundiza el ataque al régimen de licencias: limita a tres inasistencias mensuales y diez anuales, únicamente excluyendo casos extremos y selectivos del régimen de licencias: licencia anual, maternidad, enfermedad laboral, y enfermedades de tratamiento oncológico. A modo de “el control del ausentismo”, como bien dice en su fundamentación, el proyecto lo que intenta es avanzar contra la docencia que se organiza para pelear contra salarios de miseria y condiciones laborales deplorables, contra la falta de pago, como lo es la 5ta hora, o el Fondo Compensador Docente, al que Chubut ya lleva casi un año adherido y sin embargo no es percibido por la docencia.

A la vez, queda una oportunidad discrecional a cargo del Ejecutivo a “modificar” el porcentaje percibido, es decir, puede tomarse como un intento de que sea menor, o peor, que sea utilizado para no convocar a paritarias y elevar miserablemente ese porcentaje. No hay una especificación respecto de dónde se toman los fondos para el pago de este adicional, por lo que también se pretende ocultar que sí hay disponibilidad económica en la provincia, pero con un uso específico en el que sirva para ajustar y castigar.

La presión a la que intenta someter Torres a los trabajadores de la educación solo responde al ajuste, instando a que aún enfermos vayan a trabajar y sean multiplicadores de enfermedad, más que de conocimientos. Este adicional representa otra forma de castigar a la docencia, porque enrolado bajo la emergencia económica de la provincia, y el control de asistencia, oculta el estrés, la flexibilización laboral, el ataque al régimen de licencias y sobre todo, el aleccionamiento económico para las medidas de huelga y movilización.

Torres toma las paritarias a la baja como método de gobierno

La primera oferta paritaria realizada implica una pérdida sustancial en el sector: tras un congelamiento salarial que duró casi dos años, gracias a la paritaria cero firmada por la Ctera Celeste en pandemia, sinónimo de paz social hacia el gobierno de Fernández, y los decretazos salariales de hasta 5% -una miseria- de Arcioni, Torres ofrece un 30% en tres cuotas, cuando es de público conocimiento la licuación salarial padecida por los trabajadores tan sólo en el mes de diciembre. De esta forma, Torres garantiza las paritarias a la baja para el programa económico de Javier Milei, a la vez que la misma aceleración de los tarifazos constantes profundizan la pérdida de poder adquisitivo.

Sin embargo, en la reunión paritaria hubo una maniobra del gobierno para dilatar las negociaciones: en la convocatoria a la reunión no figuraba Sadop, por lo que Atech decidió no ingresar y solicitar mediante nota una nueva reunión en la que esté presente el sindicato docente de la gestión privada, aunque quienes sí se sentaron fueron Sitraed, Amet, UDA y ATE. Esto no es menor: dichos sindicatos fueron quienes actuaron de la misma forma durante la gestión de Arcioni, sentándose a negociar aún sin tener la mayor representatividad del sector en la provincia y mucho menos con mandato de base. La próxima reunión será el 25 de enero, cuando la docencia se encuentra en la licencia anual y en medio de las sesiones extraordinarias de Legislatura. ¡Fuera a la burocracia sindical que negocia a espaldas de los trabajadores!

La salida es la lucha unificada

Desde nuestra banca legislativa del Partido Obrero en el FIT-U vamos a rechazar este proyecto, así como también cualquier tipo de ataque que represente un ajuste a la población trabajadora. Llamamos a unificar luchas con el sector de salud, con la emergencia económica votada en el sector, e inclusive con el ambientalismo, por la pretensión del proyecto a favor del extractivismo en la provincia. Estaremos alertas en las sesiones entre el 22 y el 26, para defender cualquier ataque que se pretenda pasar por la Legislatura, a la vez que continuaremos dando el debate sobre el rechazo al DNU del plan “motosierra” como a la Ley Ómnibus. ¡Vamos por un gran paro el 24 de enero, con un plan de lucha y movilizaciones en todo el país!

https://prensaobrera.com/politicas/la-derrota-del-plan-motosierra-solo-puede-venir-por-la-intervencion-de-los-trabajadores