Durante el fin de semana, los trabajadores del Hotel Castelar recibieron un whatsapp en el que se les anunciaba que estaban despedidos. Sin telegrama de despido por medio, la patronal de este emblemático hotel, presiona a los trabajadores para que acepten un "arreglo".

Bajo la excusa del parate económico que produjo la pandemia, la familia Piccaluga/Mayorga, dueña del hotel y de múltiples empresas en el país, pretende avanzar sobre sus trabajadores para que ellos sean los que paguen la crisis. Primero a través de suspensiones, el pago en cuotas, deudas salariales, y, luego, directamente con el cierre.

Sin embargo, eludieron toda legalidad al iniciar repentinamente un procedimiento preventivo de crisis -que supuestamente debería servir para evitar cierres. Los trabajadores desconocen si este procedimiento fue aceptado por el Ministerio. Y además no hay ninguna comunicación oficial. Maniobras que son utilizadas para descargar con más fuerza y menores pérdidas este ataque, a través de presiones por parte de estudios de abogados, que "ofrecen" retiros voluntarios del 70% de lo correspondiente.

La contabilidad del hotel, es decir, el margen para seguir funcionando o prever como abordar la crisis, es desconocida por los trabajadores.

Además lejos de enfrentar una situación difícil, los trabajadores han denunciado que "últimamente el hotel tenía una ocupación promedio del 80%, estaba realizando compras de mobiliario y tenía además un creciente movimiento en su emblemático Salón Dorado donde se desarrollaban eventos sociales, corporativos y políticos".

El sindicato de Gastronómicos y Hoteleros, en manos de Barrionuevo, no ha dado muestra de ninguna solidaridad y menos que menos acción alguna. Su compromiso con las patronales es total.

El Partido Obrero se pone a disposición de sus trabajadores. El FIT-U, que ha usada en varias oportunidades las instalaciones del hotel como bunker electoral, siempre contó con la colaboración y simpatía de sus trabajadores.