Sindicales

29/12/2021

Cipolletti: despiden 45 trabajadores de salud en pleno aumento de casos Covid

El gobierno provincial ajusta en salud, y en pandemia.

Por decisión del Ministerio de Salud de Río Negro se le cesará el contrato a 45 trabajadores del hospital de Cipolletti el próximo 31 de diciembre. Cuentan con una alta calificación, formación y experiencia de años, y han sostenido en plena pandemia la higiene y limpieza de todas las instituciones sanitarias. La decisión va en línea con el ajuste del gobierno nacional y la negociación con el FMI. En las puertas del hospital pudimos dialogar con algunos de ellos.

El ministro Zgaib, en declaraciones a LU19, uno de los medios oficialistas, dijo que el cese se debe a que la cooperativa de trabajo solicitó el fin del convenio y que se cubrirá a las y los trabajadores con personal de otras dependencias. Claramente el norte del gobierno de Arabela Carreras es dar continuidad y profundización del ajuste, validando la precarización laboral sufrida por el personal despedido, y sobrecargar a trabajadores de otros organismos con turnos extenuantes.

El riesgo sanitario de no contar con el personal adecuado, más ante el incremento de la demanda de los servicios por el aumento de casos de coronavirus en todo el país, demuestra que poco le importa la salud de los rionegrinos al gobierno.

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Las conducciones de UPCN y Ate, ausentes del reclamo, no se han solidarizado con los trabajadores ni han acompañado las acciones callejeras para visibilizar el conflicto. Quien sí se hizo presente fue una delegación de ASSPUR (Asociación de la Salud Pública de Río Negro). La tercerización y municipalización de los servicios de salud pública han sido permitidos y avalados por décadas, y ahora, cuando existe la posibilidad de pasar a planta permanente a las y los trabajadores, hacen un silencio cómplice con la patronal.

Es urgente la centralización de la salud pública bajo control de los trabajadores y el pase a planta de todos los tercerizados, concursos de ingresos abiertos y públicos que impida la discrecionalidad y arbitrariedad en la contratación de personal por parte del gobierno y la complicidad de las burocracias sindicales.