Los trabajadores municipales de la Ciudad de Córdoba accedieron con dos semanas de retraso a los recibos de sueldo correspondientes al mes de junio, encontrando un conjunto de irregularidades derivadas de los nuevos “sistemas tecnológicos” que utiliza la gestión para unificar datos con los registros de la provincia.

Si un agente tramita un certificado de trabajo en la página de recibo digital, encontraría un texto indicando que su salario coincide con los montos remunerativos percibidos incluyendo “asignación básica, bonificaciones y refrigerio”. En algunos casos se ha verificado que el lugar de trabajo tampoco se corresponde con la repartición en donde se desempeña el agente. Sin embargo, basta confrontar con la liquidación del recibo de sueldo para desandar la mentira, ya que una enorme tajada de la asignación básica, de la antigüedad y la totalidad de las bonificaciones y el refrigerio figuran como “no remunerativos”.

¿Un problema de sistema o un problema político?

El intendente Martín Miguel Llaryora buscó imponer un ajuste sobre el salario municipal. Lo hemos descripto en muchos artículos de Prensa Obrera. En el sueldo de junio, precarizó aún más el salario con el desdoblamiento del básico y de la antigüedad, abonando una parte de manera remunerativa y otra -incluyendo todas las bonificaciones- como no remunerativas. Los docentes municipales percibieron en negro los ítems correspondientes a incentivo a la calidad educativa, ubicación, título y dedicación funcional, calculando -en el caso de los cargos directivos- la antigüedad sin incluir la dedicación por función, tal como establece la ordenanza 7974.

Pero además, el incremento del porcentaje en negro desplomó los aportes municipales a la Caja de jubilaciones y de APROSS (seguridad social), cuyas administraciones se encuentran intervenidas por el gobierno desde hace años. Es claro que Llaryora apuesta a ahorrar plata a costa del desfinanciamiento de estos organismos. El descalabro que la gestión ha hecho sobre las liquidaciones muestra su ensañamiento con el convenio, desconociendo unilateralmente la ordenanza preexistente de salario municipal y utilizando un sistema informático que desplazó a los compañeros del área contable para garantizar impunidad. Se trata de un problema político, no informático, con profundas consecuencias para las futuras jubilaciones.

Un párrafo especial para las jubilaciones

El saqueo de la Caja merece un análisis particular. La sanción de la Ley 10.694 cambia para peor la fórmula del cálculo previsional (sobre el neto y no sobre el bruto). Con estos cambios los trabajadores y entre ellos los municipales siguen ofreciendo más aportes para luego jubilarse con menos. Mientras que al municipal le descuentan el 18% del bruto para obtener una jubilación del 67% (82% del 82%), al resto de trabajadores le descuentan el 11% para cobrar un haber jubilatorio cercano al 73% (82 % del 89%), desvirtuando cada vez más el 82% que debería percibir, sin que nadie responda por el destino de la diferencia. También profundiza la distorsión sobre la movilidad jubilatoria, calculando sobre la base de los últimos 10 años y no sobre los últimos 4 de actividad (como establecía la vigente).

En síntesis: el municipal podría imaginar su futura jubilación calculando el 67% del salario indicado en el certificado de trabajo.

Los municipales estamos en una mesa de negociación con un Ejecutivo que no cesa de ajustar el salario. Necesitamos mantener el estado de alerta y organizar asambleas por repartición, mandatando a los delegados para defender el salario y la fuente de trabajo: hay 50 contratados que siguen sin reincorporación, no se han concretado los actos públicos virtuales y nuestros reclamos frente a recortes y ajustes están vigentes. Es necesario deliberar en asamblea general de delegados con informes sobre la mesa de negociación para desbaratar cualquier maniobra del ejecutivo.

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