El intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora, acaba de hacer pública su propuesta para poner fin al paro de transporte que lleva 12 días consecutivos y ya acumula 40 días sin servicio en los últimos 3 meses. La misma consiste en una reducción del 12% de sueldos que actualmente no cubren la canasta básica establecida por el Indec en la mayoría de los casos. Para colmo, la propuesta dejaría a la inmensa mayoría de trabajadores que tienen menos antigüedad por debajo de la línea de pobreza. A esto se suma el pago del aguinaldo en tres cuotas y el congelamiento salarial.

En este nuevo esquema, los salarios de los choferes serían financiados por los subsidios nacionales y provinciales, mientras que el gasto operativo de mantenimiento y combustible se repartiría entre la municipalidad y las empresas.

La iniciativa oficial aparece acompañada de una extorsión, ya que sería la vía para garantizar “la continuidad laboral de los tres mil trabajadores del sistema, ante un escenario de caída de ingresos nunca antes visto y con servicios que están reducidos”, según afirman desde el municipio (La Voz, 13/7). Se trata de un primer paso en una avanzada que tiene por objetivo liquidar el convenio colectivo de los choferes y el sistema de transporte tal cual lo conocemos.

Días atrás trascendió que la Secretaría de Movilidad de la municipalidad, encabezada por Marcelo Mansilla, estaría preparando una ordenanza para declarar la “emergencia en servicio de transporte” con el objetivo de adaptarlo a la “nueva normalidad”. De esta forma, el ejecutivo podría liberar a las empresas concesionarias del transporte (Ersa, Coniferal y Aucor) de algunos requerimientos establecidos en los pliegos de licitación, como la renovación de la flota, mientras se procedería a eliminar frecuencias y se reducirían recorridos.

El argumento esgrimido es la caída en el corte de boletos que registró una reducción del 55% en el último semestre, respecto del anterior. Así, el sistema de transporte urbano de pasajeros que fue diseñado sobre la base de un esquema de subsidios nacionales, acumula un nuevo golpe. A la reducción de subsidios nacionales en 2019 y su reemplazo por subsidios provinciales, se sumaría una reducción sustancial de la recaudación por corte de boletos.

Si bien el ejecutivo afirma que la nueva propuesta se ajusta a los números de funcionamiento, lo cierto es que mientras se hacen públicos los ingresos de los trabajadores, la caja de las empresas permanece bajo siete llaves. Estas concesionarias, que durante años engrosaron sus ganancias con subsidios de todo tipo, han incumplido de manera sistemática con el marco regulatorio, sin respetar las frecuencias, sin disponer de las unidades de discapacidad, sin el mantenimiento adecuado y con una marcada desatención en aquellos recorridos que nos les fueran “rentables”.

El gobierno de Llaryora echa mano de la extorsión con despidos  y la “emergencia en el transporte” para liquidar conquistas obreras, y con ellas vaciar un servicio esencial para los cordobeses. De proceder en este sentido se estaría incurriendo en una doble ilegalidad, por un lado desconociendo el decreto presidencial que prohíbe despidos, por el otro borrando de un plumazo todo el marco regulatorio municipal, dejando sin trabajo y sin transporte a miles de trabajadores en medio de la pandemia.

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Una lucha que crece

La propuesta del ejecutivo municipal funcionó como un revulsivo entre los trabajadores del transporte y precipitó la convocatoria a una asamblea general para el día lunes. El llamado de la conducción del gremio fue precedido por un semana de intensa movilización, donde se impusieron las autoconvocatorias de las bases en la puerta del gremio para reclamar por los dos meses de salarios adeudados. Los miserables $10.000 otorgados por el gobierno el pasado viernes como parte de la negociación, no llegaron a suavizar el espíritu de lucha que crece entre las bases.

Los trabajadores de UTA han mostrado su disposición a defender sus salarios y puestos de trabajo, sin embargo, lo que está en juego va mucho más allá de una reducción salarial. La orientación en UTA es la línea que desarrolla el ejecutivo municipal en todos los terrenos, golpear con todo para negociar recortes que apuntan al vaciamiento de los servicios, la eliminación de conquistas obreras y la defensa de la caja negra de las empresas prestadoras de servicios. En palabras del intendente: “nosotros acordamos con el Surrbac, estamos acordando con el Suoem, y todos han resignado algo. Ahora le toca a UTA”.

En este sentido, al igual que la lucha municipal, la defensa del salario y el trabajo de los choferes se convierten en una tarea estratégica para toda la clase obrera cordobesa y por tanto requiere del acompañamiento activo de la CGT y la CTA, disponiendo toda la potencialidad de los trabajadores para frenar con estos ataques.

Las medidas del gobierno peronista de Llaryora meten la mano en el bolsillo de los trabajadores para subsanar una crisis generada por las propias empresas, que tuvieron ganancias millonarias provocando una sangría de recursos estatales que implican millones de pesos en subsidios, sin control alguno. Para preservar los puestos de trabajo, el salario y el servicio, es necesaria la apertura de los libros de las empresas, prohibir despidos, suspensiones y rebajas salariales y defender el cumplimiento del marco regulatorio. Ante el incumplimiento queda planteada la estatización bajo control de trabajadores y usuarios.

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