Un trabajador de la planta impresora de Clarín, de Zepita, fue despedido la semana pasada. Esto motivó, el último viernes por la noche, la primera asamblea en el sector en más de 20 años, en la cual se votó exigir a la empresa la reincorporación del compañero y el cese de despidos y aprietes.

 

En la planta gráfica de Zepita -la planta donde se imprime el diario principal- existe un régimen de jornaleros, violatorio de leyes y convenios. También de ataque a la libertad sindical con el despido del delegado del Sipreba (luego reincorporado, pero no reconocido) y amenazas a compañeros que quieren organizarse.

 

En las últimas semanas, la empresa comenzó una avanzada contra los trabajadores de expedición. El plan de retiros dejó de ser ‘voluntario’ y ya comenzaron los despidos mediante telegrama.

 

Este accionar es un espejo de lo que ocurre en la redacción de la calle Tacuarí. La apertura de los “retiros voluntarios” -con pagos de hasta 170%- ha vaciado la redacción. Sólo el año pasado se contabilizaron más de 300, contando los diferentes sectores y el número es mayor si se contemplan los más de tres años desde que está abierto este mecanismo de despidos encubiertos. A este proceso se le sumó, el último mes, el uso de la fuerza y los aprietes para sacar del diario a dos trabajadores, con intervención del personal de seguridad, que habían rechazado los “retiros voluntarios” primero y luego los “involuntarios”.

 

Clarín ejecuta un verdadero plan de guerra en todo el grupo. El ajuste que aplica en la redacción del diario y en el taller de impresión tuvo su cara más brutal con el cierre fraudulento de AGR: fueron 82 días de ocupación en una heroica resistencia y que fue desalojado con un gigantesco despliegue represivo.

 

En medio de la reorganización web de las redacciones, las plantas gráficas y la megafusión Telecom-Cablevisión, la patronal de Clarín pretende liquidar toda organización gremial en la empresa. Su apoyo al gobierno Macri no es gratuito: el Ministerio de Trabajo es cómplice de este desguace, al punto de haberse negado a reconocer formalmente el conflicto de AGR al cabo de más de 160 días de lucha.

 

Rechazamos el despido en la planta de Zepita y alertamos por los diferentes ataques en prensa, como los que ocurren en la agencia DyN, Página/12, Perfil y Ambito Financiero, a manos de patronales de diferentes signos políticos, que se suman a los 2.500 puestos de trabajo a nivel nacional que se perdieron en 2016 en todo el gremio.