Doce trabajadores y trabajadoras de la clínica privada más grande de Avellaneda y la zona sur quedaron en la calle sin previo aviso ni motivo alguno. El pasado jueves 10 de marzo, trabajadores de Sanidad realizaron un corte y manifestación en las puertas del centro de salud exigiendo la inmediata reincorporación.

Pese a ser considerados “esenciales”, y en plena pandemia de Covid, fueron dejados en la calle por la patronal, que a la vez es integrante de la burocracia de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

Cuatros meses atrás (noviembre 2021) la firma inauguró un nuevo y gran edificio en el centro de Avellaneda, con la presencia de Alberto Fernández y el secretario general de UPCN Andrés Rodríguez. A partir del año 2013, el sanatorio pertenece al Grupo Unión Personal.

Los despidos y maltratos no son novedad en el centro de salud. En 2019 cinco empleados y empleadas del sector de administración y enfermería fueron desvinculados. Mientras trabajadores y trabajadoras dentro de la clínica informaban aprietes patronales. “El que avisa no traiciona, te vamos a despedir si no haces lo que te digo”, recuerda uno de los laburantes entre varias situaciones que vivieron dentro de la clínica.

Recordamos que la “esencialidad” decretada a fines de de marzo de 2020 solo dispone del pago de un bono adicional por única vez de $5.000, pero no expresa en ningún momento la protección de los puestos de trabajo. Sumado a que este año, a pedido de las cámaras empresarias, el Ejecutivo nacional dio de baja el decreto de prohibición de despidos.

Los doce despidos en Itoiz son parte del ajuste que trae el gobierno, con el apoyo de las burocracias sindicales.

Es urgente que el Ministerio de Trabajo tome cartas en el asunto, dicte la conciliación y reincorporación de todos los despedidos.