El gobierno dispuso la reapertura de sucursales a partir del viernes 3 de abril para el cobro de las jubilaciones y las AUH (Asignación Universal por Hijo) adeudadas de marzo. Esta apertura improvisada provocó un desastre. Filas interminables, sin respetar las condiciones de higiene y distanciamiento estipulados, expusieron al sector más vulnerable al riesgo de un contagio masivo.

Luego de eso, tanto los jubilados como los trabajadores bancarios nos enteramos, por los medios de comunicación, de la resolución del Banco Central de mantener las sucursales abiertas sábado y domingo, con extensión horaria. Tras esto, el lunes 6, mediante una comunicación del BCRA, se notificó de la apertura de las sucursales para todas las operaciones a partir del lunes 13. Además, se fijó la extensión de dos horas de la jornada horaria hasta el 17 de abril. La flexibilización del aislamiento (y laboral) se produce en el marco de la presión ejercida por la central empresaria y por la jefatura de la burocracia sindical.

El gobierno y las patronales son los responsables de la negligencia de la que fuimos testigos todos el viernes 3. No organizaron un cronograma de cobro escalonado para minimizar la circulación y la exposición, teniendo como antecedente lo ocurrido unos días antes con las filas en los cajeros.Tampoco abren el sistema para que las jubilaciones se puedan cobrar en todos los bancos. En su mayoría son bancos públicos los que realizan esta operatoria, porque los privados no muestran interés en lo que para ellos es una cartera o segmento de clientes poco rentable. Los bancos deben ser un servicio social y no un instrumento de la especulación financiera. 

Los chivos expiatorios del desastre resultamos ser los trabajadores bancarios, que pagamos con nuestra salud los desatinos oficiales. La solución que ofreció el gobierno fue obligar a los bancarios a trabajar sábado y domingo, con una recarga de horas sin pago adicional ni francos compensatorios. El titular del BCRA, Miguel Pesce, reconoció que tienen “en estudio” habilitar un conjunto de trámites reclamados por las empresas, dejando a las claras las presiones de los grupos empresarios.

La Bancaria, encabezada por Sergio Palazzo, ha demostrado toda su impotencia para defender los intereses de los trabajadores y de la población, ante la presión de las patronales que obligan a romper la cuarentena para retomar sus negocios a expensas de la salud pública.

Luego del último comunicado del BCRA, el sindicato solicitó una reunión al Ministerio de Trabajo para establecer los requisitos sanitarios necesarios para retomar la operatividad de las entidades. La respuesta del ministro Claudio Moroni fue que derivarían las presentaciones al titular del BCRA y de la Anses, sin dar ningún otro tipo de garantía sobre el control sanitario. 

¿Cuál es la salida?

La inminencia del cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (¡hubo doce millones de solicitantes!) puede hacer volar todo por el aire si no se toman medidas urgentes. Algunas sencillas, como la imposición a todos los bancos privados de incluir el pago de la seguridad social. Proveer tarjetas sin costo y sancionar a las entidades que las retengan. Poner en marcha campañas de inclusión y asistencia a todos los usuarios de los servicios financieros y habilitar cajeros móviles en los barrios para descomprimir la demanda presencial.

Hay que poner en pie comisiones de control de trabajadores bancarios, para verificar el cumplimento estricto de los protocolos de seguridad dentro de las sucursales y sus adyacencias (comisiones con participación de delegados de base, entendiendo que en la mayoría de los bancos, Recursos Humanos y gremiales trabajan con una finalidad común, la ganancia de los banqueros a costa de los trabajadores). 

Incorporación de personal faltante, reducción de la jornada sin afectar el salario armando turnos para ampliar los horarios de atención. Plus salarial para todos los bancarios, eximido de ganancias y otorgamiento de francos compensatorios.

El sindicato también propone un protocolo de seguridad e higiene, que aún no está aprobado. Pero en el mismo se omiten cuestiones fundamentales, como que los comités sean mixtos, compuestos por delegados de base y comisiones internas.

Las medidas mínimas que proponemos solo sirven para enfrentar la situación de crisis de los próximos días. La solución de fondo es que todo el sistema bancario y financiero pase a estar controlado por el Estado. Los propios trabajadores bancarios tienen los conocimientos específicos para garantizar la continuidad en mucho mejores condiciones.

La crisis actual reclama medidas de fondo. Es nuestra vida o las ganancias de los empresarios.