La Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura comenzó a debatir el proyecto de ley presentado meses atrás por Altamira, que plantea la estatización de la fábrica Brukman bajo control obrero.

Algunos diputados de la Comisión consideran poco "realista" abogar por la "estatización" en momentos en que el Estado está en quiebra y las finanzas exhaustas. Esta situación no ha impedido, sin embargo, que los grupos capitalistas en crisis y default - y no tan en crisis - sigan recibiendo cuantiosos fondos públicos, por ejemplo, los bancos; es decir que se procedió a una amplia "estatización" de hecho, pero... a favor de los banqueros. De lo que se trata es de invertir la fórmula. En lugar de rescatar al capital y confiscar a los trabajadores, hay que rescatar a los trabajadores y confiscar a los responsables de la catástrofe.

Aunque el Gobierno de la Ciudad no ha definido aún una posición frente al proyecto de ley, sus funcionarios han deslizado la posibilidad de que, a través de las disposiciones de la nueva Ley de Quiebras, los trabajadores, en tanto acreedores, asuman la conducción de Brukman; es decir que deberían hacerse cargo de sus cuantiosas deudas. El Estado se convertiría, además, en "garante" de la operación con la facultad, por lo tanto, de vender la fábrica si esas deudas no se pagan. Esto constituye una "salida" solamente para los Brukman, quienes se liberarían de la deuda (que asciende a alrededor de 10 millones de pesos), y para los acreedores, que contarían con el reaseguro del Estado. Sería una "estatización", pero opuesta a los intereses de los trabajadores.

Esta propuesta en estudio se complementa, además, con la oferta de créditos blandos. Es decir, que los trabajadores deberían asumir una nueva deuda.

Otra de las propuestas toma el proyecto de ley para la fábrica de alimentos Ghelco, también ocupada por sus trabajadores, que ha sido motorizado por el ARI e Izquierda Unida. Este propone declarar al predio y equipos de la fábrica sujetos a expropiación, para luego ser cedidos en "comodato" (préstamo) a una cooperativa de los trabajadores de Ghelco. La expropiación, en estos términos, significa que los propietarios de la fábrica - o sus acreedores - serían resarcidos por el Estado con una suma insospechada, que jamás percibirían a través del concurso o posterior quiebra (en este último caso se habría procedido a subastar cada bien por separado y a precios de remate). Se trata, en verdad, de un salvataje de la patronal quebrada a cargo del Estado (ello a pesar de que el Estado, como sucede con Brukman, es uno de los acreedores fundamentales de la propia convocatoria, como resultado de las cuantiosas deudas impositivas y previsionales).

El peligro de desfalco que presenta el proyecto para Ghelco tiene que ver con uno de los típicos mecanismos de vaciamiento empresario, que es la declaración en convocatoria a partir de deudas contraídas con "empresas"... formadas por los propios vaciadores. Es decir que los "acreedores" de la empresa quebrada son sus propios patrones. Todo indicaría que, en el caso de Brukman, estaríamos ante una maniobra con estas características. La expropiación con pago convalidaría, en ese caso, tal vaciamiento. Pero mientras los legisladores se interesan por establecer este resarcimiento a la patronal vaciadora, no les preocupan las necesidades de capital de trabajo de una futura gestión obrera, que podrían ser resueltas por un subsidio estatal para la adquisición de insumos, salarios y pagos de servicios.

Aunque la propuesta opositora al proyecto de Altamira recoge algunas experiencias de "declaración de expropiación" producidas en la Legislatura bonaerense, se encuentra sin embargo por detrás de éstas, ya que ni siquiera habilita - a través de una donación - a que la cooperativa obrera acceda a los bienes expropiados, sino que tan sólo se los presta. Tampoco contempla la cesión gratuita del establecimiento, pues a cambio de ese "comodato" los trabajadores deberán abonar al Estado un canon o alquiler por el uso precario de las instalaciones. Para adquirir la planta, los trabajadores deberán pagarle al Estado el valor de la fábrica. De este modo, "la expropiación" terminaría siendo solventada por los propios trabajadores. Finalmente, debe señalarse que las leyes de expropiación sólo "declaran de utilidad pública" un predio o sus instalaciones, quedando la potestad de efectivizar o no la expropiación en manos del Ejecutivo en un lapso de dos años. En suma, no estamos ante propuestas "viables" o "realistas", al menos desde el punto de vista de los intereses obreros.

Una salida positiva para los trabajadores de Brukman exige un conjunto de condiciones cruciales, que el Partido Obrero está defendiendo en la instancia legislativa: 1) La expropiación no debe constituir un salvataje para los capitalistas vaciadores. Los recursos estatales deben dedicarse no a financiar negociados, sino a subsidiar a la futura gestión obrera. 2) La expropiación debe efectivizarse a los 30 días de sancionada la ley. 3) Los trabajadores no pueden ni deben asumir las deudas capitalistas. Los vaciadores deben responder ante las deudas con sus bienes y patrimonio personal. 4) El Estado debe hacer de Brukman un proveedor privilegiado en toda su demanda social de materiales textiles (indumentaria e insumos escolares y hospitalarios) para asegurar un destino a la producción de la fábrica bajo gestión obrera.

Colocamos estos planteos en el terreno de una lucha general por la unificación de todas las fábricas en manos de los trabajadores, para reclamar un financiamiento estatal y por la creación de un ente único coordinador de fábricas autogestionadas y una banca estatal única que sostenga estos emprendimientos.