18/07/2002 | 763

Comenzó el plan de lucha por las seis horas

El pasado jueves 11, una importantísima cantidad de trabajadores de Metrovías se dirigió a la Legislatura de la Ciudad para reclamar que se avance en el tratamiento de los proyectos de ley que restituyen la jornada laboral de 6 horas en el subte. Uno de los proyectos pertenece al diputado Puy, del ARI, y el otro a Jorge Altamira. El proyecto del bloque del PO establece taxativamente que la reducción horaria no podrá entrañar ninguna forma de reducción sobre los salarios actualmente percibidos por los compañeros.


Ha pasado un mes y medio desde que se realizó la primera reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo para tratar ambos proyectos, con la presencia de un conjunto de delegados de Metrovías que expusieron todos los elementos de juicio vinculados a la insalubridad de su medio ambiente laboral. A renglón seguido, los diputados de la comisión se comprometieron a realizar una «recorrida guiada» junto a los delegados, para apreciar en forma directa las denuncias realizadas.


Acerca de la «insalubridad»


La recorrida de los diputados, sin embargo, no se concretó, y el proyecto no volvió a ser tratado en comisión. En ese lapso, los funcionarios de Inspecciones y Policía del Trabajo del gobierno de Ibarra hicieron conocer, en la Legislatura, su oposición a que sea declarada la jornada de 6 horas por insalubridad. Los funcionarios informaron de la realización de varias inspecciones en diferentes puntos de la red de subtes, donde se señalaron anomalías en materia de insalubridad y seguridad. Según informaron, «la empresa se ha encargado luego de ir solucionando estas fallas». Desde el punto de vista de la dirección de Policía del Trabajo, si se declararan las seis horas por insalubridad «se estaría dando por perdida de antemano la batalla por superar las malas condiciones laborales». De acuerdo a este argumento, la jornada debería durar 8 horas hasta el día en que todas y cada una de las «anomalías» fueran reparadas. El punto de vista obrero es el opuesto: es decir, declarar de inmediato la jornada de 6 horas por insalubridad, y mantenerla hasta tanto la patronal no resuelva los alegados factores de riesgo. Es con este criterio cautelar que rigieron las 6 horas, por una disposición nacional, entre 1946 y 1967, cuando la dictadura de Onganía extendió en una hora la jornada. El decreto de 1946 establecía que, precautoriamente, y hasta que se establecieran los alcances del trabajo insalubre en el subte, la jornada debía ser reducida. Con el mismo criterio rigieron las seis horas entre 1973 y 1980. Luego, los trabajadores reconquistaron las seis horas en 1984, hasta que la privatización menemista impuso las ocho horas.


Con todo, la Policía del Trabajo aborda la cuestión de la condición laboral desde el punto de vista de las «fallas puntuales» (lugares con ventilación defectuosa, etc.), que no lo son tanto porque los delegados y el sindicato han presentado ya setecientas denuncias que afectan a la salud de los trabajadores y la seguridad de los pasajeros. Pero lo esencial es que se pretende ignorar que el subterráneo es un medio ambiente laboral estructuralmente insalubre. Las perturbaciones psicofísicas que entraña el trabajo «bajo nivel» (sin acceso a la luz natural), provocan alteraciones del sueño y manifestaciones de cansancio crónico que pueden afectar, a su turno, la seguridad de los pasajeros. A estos factores, deben sumarse los defectos de fondo en la construcción de la red de subtes y, principalmente, de sus recientes expansiones. Entre ellas, la liberación de fibras de asbestos cuando frenan las formaciones. Junto a la liberación de polvo negro de grafito de los motores, crean un ambiente tóxico y cancerígeno. En relación al ruido, existen niveles altamente contaminantes en la línea C y particularmente en el nuevo tramo de la línea D, que han sido denunciados por distintas organizaciones de usuarios.


¿El gobierno de Ibarra piensa superar todo esto con «correcciones puntuales»?


Luchar por la ley de las seis horas


Este panorama, ampliamente documentado por el cuerpo de delegados de Metrovías, impone la aprobación de una ley de reducción de jornada como una medida inmediata y de defensa elemental de los trabajadores y usuarios. Primero debe aprobarse la ley, luego deberán iniciarse las investigaciones destinadas a establecer los verdaderos alcances de la insalubridad e inseguridad en el conjunto de la red de subtes. Se dice que una ley de estas características podría ser apelada por «inconstitucional», ya que constituiría una intromisión del poder legislativo en las relaciones obrero-patronales, regidas por un convenio laboral de carácter privado. Pero, en este caso, la Legislatura estaría actuando como portavoz de la soberanía popular –es decir, de los intereses de trabajadores y usuarios– contra un fallo dirigido a salvar las prerrogativas de un monopolio capitalista. Una ley serviría como palanca para redoblar la movilización por imponer las seis horas también en el plano del convenio colectivo. Ni qué decirlo, sería el punto de partida para exigir todas las garantías y reformas del ambiente laboral para que la jornada –aún reducida a seis horas– no constituya una sentencia de muerte a fecha fija.


La movilización del jueves pasado «reinstaló» en la Legislatura el debate sobre los proyectos pendientes, así como arrancar, de los legisladores, el compromiso –con fecha y hora– para concretar la postergada recorrida a las líneas. Hay que apoyarse en esta conquista para redoblar la movilización, en todos los planos, hasta arrancar las seis horas.

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