En el marco del acuerdo entre la CGT, la UIA y el gobierno, la Federación Argentina de Empleados de Comercio- presidida por Armando Cavalieri- firmó días atrás con las cámaras patronales del sector el denominado “Convenio de emergencia por suspensión de actividades para el sostenimiento de los puestos de trabajo y la actividad productiva”. Por el mismo, se autoriza la reducción salarial de quienes no están realizando sus actividades laborales por el aislamiento social, preventivo y obligatorio  aplicando el artículo 223 bis de la ley de Contrato de Trabajo, que avala las suspensiones y los recortes al 75% del salario neto.

 

Al mismo tiempo, las patronales que aplican este ajuste se encuentran cobrando los beneficios otorgados por el Estado. Es lo que sucede con el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que impulsó el gobierno previamente, mediante el cual las empresas que aplican, reciben-con mínimos requisitos- el pago por parte de la Anses del 50% del salario, así como rebajas a los aportes patronales (es decir, un doble desfinanciamiento: el de los fondos de los jubilados actuales y el de quienes se jubilarán en el futuro).

 

El gobierno y las burocracias sindicales arguyen que esta es “la única manera de mantener la economía” y que son extorsionados por las empresas con la amenaza de echar trabajadores, para encubrir la decisión política de entregarlos. De hecho, mostrando que el decreto 329/2020 de “prohibición de despidos” es papel mojado, los despidos continúan con la complicidad del Ministerio de Trabajo, que los homologa.

 

 

Los fraudes con el ATP

 

Este programa no discrimina a las empresas que realmente necesitan ayuda para el pago de salarios, de aquellas que, aun habiendo sufrido una baja en sus ventas a causa de la situación de cuarentena obligatoria, tienen la capacidad económica suficiente como para cubrir la totalidad de los salarios de sus empleados (y no quebrar en el intento). Pero la mayoría de los empleados de Comercio sabemos muy bien aquello que decide ignorar el gobierno, porque en el cumplimiento de nuestras funciones laborales tenemos acceso a la facturación. Al estar en contacto con la caja, conociendo los precios de los productos/servicios y su margen de ganancia, podemos hacernos una idea de cuánto le representa a la empresa el pago total de los sueldos.

 

El salario del empleado de comercio incluye sumas extras no remunerativas que solo se cobran en la medida en que se cumpla el trabajo (como comisiones o premios por ventas, entre otras). En las circunstancias actuales, con la actividad suspendida, le implica al empleador una disminución en el gasto de salarios, ya que no hay pago de esas comisiones.  Ahora, este gremio de por sí precarizado, con la obligación de cumplir horarios rotativos, de trabajar en horas nocturnas mal pagas y con salarios en negro, total o parcialmente, empeora aún más sus condiciones porque la asistencia del estado del 50% es sobre el salario declarado o en blanco. Muchas empresas no están pagando el 50% restante, ni el porcentaje en negro.

 

Por otro lado, hay muchos sectores comerciales que no dejaron de facturar valiéndose de las ventas online y, aun así, aplicaron al ATP y redujeron los salarios -un proceso que tiene su contracara en la amplia franja de patronales que buscan romper la cuarentena y facturar de cualquier forma, exponiendo a los trabajadoras/es “no esenciales” y sin garantizar las medidas sanitarias básicas-.

 

El abuso de las patronales no tiene límites: echan mano tanto del Programa ATP –es decir, de los fondos de los jubilados- como de la habilitación a suspender, reducir los salarios y de despedir sin rendir cuenta alguna, con el aval del Ministerio de Trabajo. El Estado prioriza el beneficio de estas sin importar siquiera si esas empresas tienen trabajadoras/es en negro, si despidieron gente, si evaden impuestos o tienen cuentas afuera, o si pueden pagar el 100% de los sueldos. Esto demuestra la urgencia de que se abran los libros de las empresas.

 

Por la organización independiente de los trabajadores para defender nuestros derechos y reivindicaciones.

 

Abajo el pacto UIA-CGT-Gobierno.

 

Ningún despido, ninguna suspensión.

 

Defensa integral del salario.

 

Salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, con una actualización automática por inflación hasta la apertura de la paritaria de Comercio.

 

Apertura de las cuentas de las empresas.

 

Formación de comités electos por los trabajadores para controlar las condiciones sanitarias y la esencialidad de las tareas.