Una asamblea petrolera, que reunió miles de trabajadores de la cuenca -20.000 según el diario local El Patagónico-, emplazó al gobierno a encontrar una salida a la crisis que amenazaba dejar en la calle a 10.000 petroleros, previo al acuerdo suscripto el lunes 1˚ (ver artículo aparte). En la tribuna estuvieron figuras del gobierno provincial, el intendente de Comodoro Rivadavia, el titular de la Federación de Camioneros de la región, que trajo el respaldo de la CGT Moyano y los dirigentes de los sindicatos petroleros de Chubut y Santa Cruz (hubo delegaciones de la Uocra y otros gremios). La asamblea fue preparada con un paro petrolero -“vigilia” desde las 20 horas del día anterior.

 

Aunque el mensaje del titular del gremio petrolero local fue “si hay despidos no hay petróleo para nadie”, no se adoptó medida alguna. Toda la expectativa estuvo puesta en una reunión que el lunes sentará en una misma mesa a representantes del gobierno, de las empresas y los sindicatos. Hubo un llamado expreso de dirigentes petroleros a un “compromiso social empresario” para salir de la crisis.

 

A posteriori de la asamblea, el ministro de Energía Aranguren señaló que la crisis internacional afectaba especialmente a Chubut por ser la única provincia exportadora de crudo y que la salida debía ser afrontada por los trabajadores -resignando horas extras y regalías-, por la provincia -sacrificando regalías- y, sin determinar de qué modo, por los empresarios (dejó abierta la puerta a un subsidio nacional).

 

La dirigencia sindical, en la asamblea y luego, repitió lo dicho por el gobernador Das Neves (PJ): si el gobierno nacional había duplicado la coparticipación en la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, correspondía un trato similar con la provincia patagónica, como vía para impedir despidos, reducción de salarios y baja de regalías.

 

Comodoro y el petróleo

 

De los 300 mil habitantes que tiene la ciudad, 30 mil forman parte de la actividad petrolera. A su vez, son quienes mueven la rueda de consumo. Su salario está por encima de otras actividades (entre 18 y 40.000 pesos) lo que se corresponde con la explotación que supone la actividad y el nivel de precios en la región. En Comodoro los precios en consumo y alquileres son inalcanzables para un trabajador de obra, un maestro, o un médico. La canasta básica familiar es 20 mil pesos, cuando el salario promedio fuera de la actividad petrolera es de 8 a 12 mil pesos. Con miles de despidos -una estimación los lleva a 10.000-, Comodoro viviría una catástrofe social. Quizá para mantenerse a tono con la tensión que vive la ciudad, el intendente amenazó con una suerte de paro cívico.

 

La política que sigue la burocracia petrolera, el intendente de Comodoro y el propio gobernador Das Neves se agota en reclamar un precio sostén para el petróleo de exportación -que reproduzca el precio del “barril criollo” subsidiado- lo que significa un enésimo rescate de las petroleras. En los reclamos de “productividad” a los petroleros, común al gobierno y a las empresas está contenida la eliminación definitiva de las horas extras, medida que plantea la demolición de las conquistas de convenio.

 

Cuando el retaceo de las empresas sea evidente, la “solidaridad del intendente Linares y del gobernador cesara porque las empresas van a aceptar estos subsidios y estas reducciones salariales, pero igual quieren despedir miles de trabajadores por el achique general de la industria petrolera” (PO 1.397).

 

A ningún trabajador le consta la situación de las petroleras, es necesario abrir los libros de las mismas e implantar de inmediato un control obrero de la producción para impedir la paralización de la actividad.

 

Ningún despido, ninguna suspensión, ni caída de conquistas. La salida de fondo a la crisis es la nacionalización y el control obrero que puede plantear ya mismo la apertura de los libros con una comisión fiscalizadora elegida en asamblea general.

 

Todo el apoyo a las acciones de lucha para impedir esta masacre patronal que incubó el gobierno “nacional y popular” y hoy tiene de ejecutor al gobierno MM. Sobra voluntad para pelear por lo que está en peligro como lo revela la movilización a raíz de la asamblea, aunque la burocracia sindical se limite a ser furgón de cola de los intereses de las operadoras y del gobierno provincial.