Antes de la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía el gobierno presentó como una gran anuncio un aumento de apenas 1.720 pesos que beneficiaría a 1.150.000 jubilades de la mínima (cuando son más de 4,5 millones en esa situación), porque en realidad se trata de una pauta establecida por ley que fija que quienes no hayan obtenido su jubilación por moratoria no pueden cobrar menos que el 82% salario mínimo, vital y móvil. Es una miseria para quienes perciben 37.000 pesos mensuales, que para colmo luego será absorbida por la movilidad correspondiente a agosto y a cobrar en septiembre.

En su conferencia, Massa habló de un refuerzo para los jubilados de la mínima para compensar la pérdida por inflación. No aclaró de cuánto será, pero es otra confesión de que la fórmula albertista de calcular la movilidad sobre el promedio de aumentos salariales (miserables) y la recaudación corre muy por detrás de la inflación. Sobre esta tendrá a su vez un impacto negativo la reducción de aportes patronales que el ministro prometió para ciertas ramas.

Un bono para maquillar una movilidad confiscatoria

Estos bonos, emitidos en varias oportunidades, son sólo para la mínima y no implican ninguna recomposición de la pérdida sistemática de las jubilaciones respecto a la suba de precios. Esto porque no se incorporan al haber, y por lo tanto cuando se calcula la siguiente movilidad se hace sin tener en cuenta esa percepción.

Ya ha trascendido que ese porcentaje de ajuste trimestral para agosto, a cobrar en septiembre, rondaría 15,43% según CEPA. De concretarse dicha cifra, la mínima a partir de septiembre estaría en alrededor de 43.000 pesos, y el acumulado de incrementos en los haberes durante el 2022 sumaría una cifra muy por debajo de la inflación, marcadamente por debajo de la línea de indigencia y más todavía de la verdadera canasta básica jubilatoria hoy de $120.000.

Además Massa, como soldado del FMI, anunció el 31 de julio que no habrá luz verde para la moratoria. Sobre eso no se desdijo. Deja así a dos millones de adultos mayores sin acceso a la jubilación, y sin beneficio de ningún tipo.

Los jubilados nos organizamos

Luego de las jornadas nacionales de lucha del 22 de julio y del 3 de agosto, se realizará un plenario nacional de organizaciones de jubilados el 12 de agosto, para resolver la continuidad del plan de acción.

Formará parte de las reivindicaciones la campaña por la sanción de la ley de moratoria universal sin compra de años, presentada en el Congreso por Romina Del Plá del Partido Obrero en el FIT-U. También el reclamo de movilidad automática por inflación y por sueldos, el blanqueo de todos los trabajadores, la restitución de los aportes patronales, el aumento de emergencia que recomponga lo perdido por los jubilados, y una mínima de $120.000.

Con las organizaciones piqueteras se harán acciones conjuntas, por ejemplo para exigir que ningún plan social se caiga a los 65 años si el beneficiario no accede a la jubilación. Se exigirá la unidad de trabajadores activos y jubilados en un paro nacional y un plan de lucha, para derrotar el ajuste del FMI contra los trabajadores ocupados, desocupados y jubilados,

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