La reunión del presidente Alberto Fernández con la dirigencia de la CGT sirvió para mostrar una foto de “unidad” y apoyo de cara a las próximas elecciones legislativas. La burocracia sindical ratificó su subordinación al ajuste de Alberto Fernández, quien se comprometió otorgar parte de los fondos adeudados a las obras sociales.

La reunión contó con la presencia de 15 dirigente sindicales de la central obrera, entre quienes se encontraban los cotitulares de la CGT, Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Estaciones de Servicio), y Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Antonio Caló (UOM), entre otros.

Se trata de las principales figuras de la burocracia sindical, quienes desenvuelven en sus gremios y en la central la política de liquidación del poder adquisitivo de los salarios, el pase de los despidos y suspensiones y la precarización y exposición sanitaria de los trabajadores. La imagen que intenta proyectar Fernández es la de contar con el el “respaldo sindical” necesario para imponer la reforma laboral de hecho que exigen las patronales, lo que ha quedado de relieve en el reciente congreso de la productividad que cerró el presidente hace solo algunos días.

El proyecto del FMI

“Desde la CGT venimos a decirle al presidente que estamos acompañando este proyecto”, señaló Héctor Daer, sin agregar que bajo el mandato de Fernández siguió la línea ajustadora de Macri, con una merma promedio del 11% en el poder adquisitivo de los trabajadores en los últimos tres años.

Alberto Fernández se ufana de una supuesta recuperación del empleo del orden del 94% respecto a niveles de prepandemia, lo que tampoco implica un registro alto de contratación. Sin embargo, algunas consultoras privadas, como Analytica, calculan que la situación en el sector informal es distinta, con mayor pérdida de poder adquisitivo (hasta un 9,2% en los primeros seis meses del año) y menos recuperación del empleo.

El presidente también señaló que según las estimaciones oficiales el país “va a crecer al 8% en 2021”, aunque gran parte de esto se lo deba al salto en los precios de las exportaciones y a la desregulación de la actividad económica, con liberación de tarifas y precios de por medio. El otro componente es una mayor precarización del trabajo, con salarios más baratos y devaluados.

La reunión también sirvió para decir algo respecto a la polémica montada alrededor de la “transformación” de los planes sociales en empleo. Los cegetistas se manifestaron por la defensa del salario bajo convenio, aunque no dejaron en claro si esto sería al costo de degradar los convenios para acercarlos al régimen precario de los cooperativistas: algo que está en boca de los candidatos patronales y de los capitalistas, incluido el Frente de Todos.

Bancando el ajuste

En el temario no se abordaron novedades respecto a una nueva actualización del mínimo no imponible en Ganancias, debido a que la inflación y las nuevas paritarias se comieron gran parte de la brecha introducida por la actualización sancionada en el Congreso.

Alberto Fernández pasó revista de su política durante la pandemia, reivindicando el precario IFE, el subsidio y los créditos a las patronales, y otras políticas asistenciales deficitarias que no han servido a contener las necesidades populares: tal es el caso de la Tarjeta Alimentar, en un país con más hambrientos; o la obra pública y la vivienda, cuando más crecieron las ocupaciones de tierras y el déficit habitacional. “No saben la tranquilidad que me da que la CGT me banque”, manifestó, en clara alusión al papel de contención de esta dirección entreguista.

Cavalieri, incluso, planteó “un acuerdo político y social para la pospandemia”,cuando en el imaginario colectivo aún está fresca la imagen del fracasado “acuerdo de precios y salarios”, donde las patronales pusieron los precios y los trabajadores perdieron salario. Para el caso de Comercio, Cavalieri selló un acuerdo del 42% -luego de haber firmado primero por el 32%- al tiempo que la inflación interanual de julio se ubicaba en 51,8%. Esta fue la línea de toda la burocracia, con acuerdos de entre 40 y 45%, contra una proyección del 50%.

La burocracia sindical no solo se quedó sin candidatos en las listas del Frente de Todos, sino que tampoco lleva ningún proyecto de ley propio o reclamo para los trabajadores en esta campaña. Su apoyo al gobierno es un cheque en blanco al ajuste del FMI.

El apoyo incondicional a Alberto Fernández es una muestra más de su defección y de su irreconciabilidad con los intereses de los trabajadores. Solo el Frente de Izquierda Unidad postula una programa de salida para los trabajadores, con el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, una recomposición general de los salarios para que cubran la canasta familiar, la reorientación de los recursos nacionales para poner en pie la industria y reactivar la economía y un seguro universal al desocupado que atienda las necesidades básicas.

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