El conflicto de los municipales de Mar del Plata y Batán –del partido de General Pueyrredón, gobernado por el intendente de Cambiemos Carlos Arroyo– lleva casi 30 días con paros, movilizaciones y retención de tareas en todas las dependencias municipales. Se inició por la brutal rebaja salarial a la docencia municipal de un 30% y ha continuado ante las miserables ofertas paritarias para el gremio (la última fue de 14%, sin restitución de la quita a los docentes).

El 8 de enero el Ministerio de Trabajo de la Provincia dictó una conciliación obligatoria unilateral, sin reunir a las partes ni avanzar en la resolución de ninguno de los motivos que originaron el conflicto. No es una conciliación: es un salvavidas que el gobierno de Vidal le tira a Arroyo para evitar que termine de hundirse por su propio peso. Fue acatada por la dirección del Sindicato de Municipales sin haber abierto un debate con los trabajadores.

La política de los funcionarios es responsabilizar a los trabajadores del descalabro municipal. Días antes de la conciliación, Arroyo había enviado un memo a los funcionarios indicando cómo establecer sanciones y suspensiones a quienes realicen medidas de fuerza y los secretarios de Hacienda y de Gobierno, Hernán Mourelle y Alejandro Vicente, declararon en los medios que los trabajadores “conspiran” contra la ciudad y son culpables de la suciedad y la falta de servicios. En la misma línea, el comunicado del Ministerio de Trabajo señala que la conciliación es “para resguardar la integridad” de vecinos y turistas y retoma las declaraciones del secretario de salud afirmando que “15.000 marplatenses no pudieron vacunarse”. Omiten que el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) n°1 “Central de vacunas” está cerrado hace meses sin fecha prevista de apertura; que el CAPS del barrio Libertad, que atiende una población de 30 mil personas de cinco barrios, no tiene heladera para conservar vacunas; y que ante licencias o jubilaciones, el municipio no remplaza a los profesionales. Tampoco se recuerdan las reducciones de guardias y horarios de atención (como La Serena, Batán y Las Heras), los traslados de salas a otros barrios por obras que no se concretan (como Las Américas) y el caso más grave, el reciente cierre de la sala Guanahai, una de las pocas que ofrecía atención 24 horas.

Se levantan las medidas de fuerza, el descalabro continúa

Mar del Plata es la segunda ciudad del país con mayor cantidad de desocupados: “más de 114 mil personas, el 37,1% de la población económicamente activa, están buscando trabajo” (La Capital, 24/12). A nivel de la población total, la desocupación alcanza un 11,8%, y la subocupación un 11,2%. La tasa de trabajadores en relación de dependencias, que históricamente era del 75%, bajó más de 10 puntos en los últimos dos años, ubicándose ahora en 64,5%.

A lo largo del 2018 avanzaron los despidos y suspensiones en todas las ramas de la industria y el turismo, destacándose 80 despidos en Textilana, el cierre de las tradicionales confiterías Piazza y Boston –esta última ocupada hasta hoy por sus trabajadores–, las reducciones de jornadas y retiros voluntarios en Eskabe, el cierre de Nuncio de Rosa en el puerto con 40 despidos y el recorte de 80 guardavidas. El puerto enfrenta una situación crítica, luego de que 70 barcos se marcharan de Mar del Plata al sur: la masa de 6 mil trabajadores depende de “garantías salariales” miserables, que rondan los $8.000.

En una ciudad que sólo en la última semana fue sacudida por una violación en manada, un femicidio y una terrible golpiza a una trabajadora social; la dirección de Políticas de género cuenta con una sola psicóloga y dos abogados rotativos de otras dependencias.

Está claro que con retención de tareas de los municipales o sin retención de tareas, Arroyo es incapaz de garantizar los servicios para la población y el mantenimiento de la ciudad. Su política de vaciamiento, recortes y ajuste, ligada a la de Macri y de Vidal, no puede garantizar las más mínimas responsabilidades que corresponden al Estado. El descalabro de Mar del Plata forma parte de la crisis y del hundimiento de la política del gobierno en la provincia y en el país.

El ´Bolsonaro marplatense´ está mostrando su fracaso. La parálisis de la ciudad que “conspira” contra vecinos y turistas se debe a que Arroyo está decidido a profundizar el plan de ajuste y a dar por tierra los salarios y conquistas históricas de los trabajadores. Se mantiene en su sillón con provocaciones y ataques sólo por la impotencia de la “oposición” en el Concejo Deliberante y por la parálisis de la CGT y la CTA, que no han resuelto ninguna medida de apoyo a los municipales ni a los demás trabajadores en lucha.

La población laboriosa necesita terminar con Arroyo, Mourelle, Vicente y todos los funcionarios.

Es la hora de un Congreso de trabajadores de todas las organizaciones y sindicatos de Mar del Plata – Batán. Discutir la reorganización de la ciudad acorde a las necesidades de los trabajadores, sean turistas o población permanente. Resolver un plan de lucha contra los despidos, suspensiones y reducciones, y por aumento salarial acorde a la inflación para estatales y privados.

Un programa de salida a la crisis: apertura de los libros del municipio y de las empresas concesionarias del Estado, y su control por parte de trabajadores y usuarios. Plan de obra pública que surja de asambleas barriales donde se discutan las prioridades y se controle la realización de las tareas. Rebaja de impuestos a las barriadas populares. Restitución inmediata de la bonificación de los docentes y pago de todas las sumas adeudadas.  Solo la organización independiente de los trabajadores, las trabajadoras y la juventud puede enfrentar la crisis y la descomposición de la ciudad a la que la conduce la política de ajuste del gobierno.