Hace dos meses, el gobernador mendocino, Francisco Pérez, anunció la continuidad del proyecto minero Potasio Río Colorado “con Vale o sin Vale”, y la garantía del salario a los trabajadores hasta tanto se reactivaran los trabajos en la mina. Pero los obreros han recibido los telegramas de despido y las liquidaciones finales, que en muchos casos fueron retenidas por los bancos a cuenta de préstamos contraídos, desconociendo los planes de pagos y cuotas acordados.

La Uocra acordó “liquidar” a los trabajadores por monedas. Desde un primer momento los buchones de Gerardo “601” Martínez se dedicaron a “aclararle” a los trabajadores que “estamos todos despedidos”. Nunca se cumplió la promesa del pago al 100% de los salarios y se terminó cobrando poco más del 25%.

Un grupo de trabajadores de Vale, de la contratista Consorcio Río Colorado (C.R.C., una UTE del grupo Techint), viene impulsando movilizaciones y concentraciones. Contra la burocracia de la Uocra, contra la patronal y contra el Estado, pelean por recomponer la unidad y la organización sindical. Han tenido que sortear la intromisión de provocadores, y ahora lidian con agentes de la patronal que ofrecen mágicamente puestos de trabajo y jugosos arreglos judiciales. Se esfuerzan por desviar la atención del reclamo a la gobernación; es decir, al poder político.

Los trabajadores han instalado una carpa, como punto de referencia, frente a la Legislatura mendocina, y están preparando una asamblea general con compañeros de Malargüe y otros lugares. También lanzaron un fondo de huelga para financiar la lucha y colaborar con los compañeros más comprometidos económicamente.

Se trata de miles de familias obreras, no sólo empleadas directamente en el proyecto sino también en actividades anexas a la mina. El gobierno mendocino no encuentra comprador para el proyecto, mientras la tonelada de potasio perdió más del 30% de su valor en el último período. Aunque CFK y Pérez ya habrían cedido al reclamo de Vale a favor de un tipo de cambio diferenciado para sus inversiones, ello ya no resarce al pulpo. La lucha por garantizar los puestos de trabajo y el salario debe establecerse con el norte estratégico de que el Estado se haga cargo del proyecto y de los puestos de trabajo, en el marco de la puesta en marcha de la mina o de su reconversión bajo control de trabajadores, organizaciones sociales y ambientalistas. El financiamiento se puede obtener fácilmente suspendiendo los millones de pesos que el gobierno destina a subsidiar a las patronales y un impuesto extraordinario del 40% a las ganancias de los casinos y la timba. Este es nuestro planteo.