Trabajadores y trabajadoras de las plataformas de reparto movilizaron a las puertas de la Legislatura porteña para manifestarse contra la modificación de la ley vial, impulsada por la fuerza política del Gobierno de la Ciudad (Juntos por el Cambio), que implica un perjuicio para el conjunto de los repartidores y mayor discrecionalidad para las empresas del rubro. Mientras esto ocurría, la burocracia del sindicato Asimm atacó brutalmente a los trabajadores que se encontraban en la inmediaciones de la Legislatura, como una muestra burda y desesperada de intentar censurar un movimiento de lucha independiente que se viene gestando desde abajo.

El proyecto trae aparejado distintas modificaciones que alteran la ya precaria situación de los trabajadores de reparto. Entre los principales puntos se establece que los repartidores con domicilio fuera de la Ciudad de Buenos Aires no podrán trabajar en los marcos del ámbito porteño, lo que dejaría sin fuente laboral a cientos de repartidores que acuden a trabajar en la Ciudad debido a la mayor demanda del servicio y a mayores garantías de seguridad. Se trata de una regulación violatoria de todos los derechos, incluso constitucionales, al ejercicio del trabajo dentro del territorio nacional, y de un precedente nefasto que no solo refuerza la feudalización de cada jurisdicción sino que ignora el hecho de que las mayoría de las empresas se encuentran radicadas en CABA, por lo que también se desentiende de la relación laboral entre repartidores y plataformas.

La modificación también impone obligaciones de indumentarias y permisos a cargo del repartidor, lo que agrega un costo adicional para los trabajadores. También se establece un seguro y multas, todo sobre la base de identificar al trabajador de reparto como un “trabajador autónomo” bajo un contrato de prestación de servicios. Es decir que las apps de reparto no tendrán que poner ni un peso de su bolsillo para garantizar el cumplimiento de estas medidas.

De conjunto, estamos hablando de una extensión de la jornada de trabajo para hacer frente a los nuevos costos que implicaría la actividad de votarse favorablemente esta regulación antiobrera, lo que configura una situación e mayor vulnerabilidad de los repartidores, quienes ya vienen acumulando siete muertes en el cuadro de la pandemia.

El proyecto a discutirse no aborda la ausencia de seguro médico, licencias, aportes y ART para los trabajadores, ni los montos que se pagan por cada pedido. Ni mucho menos alguna medida para frenar las muertes obreras. Se trata de un proyecto a imagen y semejanza de los planteos patronales, dándole la espalda a lo manifestado por los trabajadores luego de cuatro paros nacionales e internacionales.

La lucha de los repartidores viene creciendo en el país al calor de un movimiento internacional que ha tomado mucho impulso en el último periodo. Entre los principales reclamos se encuentra la demanda de regulación de la actividad y reconocimiento laboral de los trabajadores de reparto, el fin de los asesinatos laborales, un ingreso igual a la canasta familiar, ART, cobertura médica y la declaración del trabajo de reparto como insalubre. Esta es la agenda que los y las trabajadoras de reparto están dispuestos a llevar hasta las últimas consecuencias.