En una votación dividida, los mineros de Río Turbio aceptaron, después de un mes de huelga, la conciliación obligatoria.

El rechazo a la conciliación provino de los compañeros del socavón, de la directiva de la Seccional, de los mineros que estaban en Río Gallegos, de varios delegados y del activismo que sostuvo el conflicto en la superficie. Pero la dispersión del activismo en distintas localidades y tareas, favoreció el resultado de la asamblea, que fue copada por los sectores que se mantuvieron al margen de las actividades. Tampoco participaron del debate los compañeros que estaban afectados a la seguridad en la superficie y a la ocupación de la municipalidad.

Fue muy duro mantener, durante un mes, las medidas de fuerza que se iban profundizando gradualmente, en medio de una campaña mediática en contra del gobierno provincial; de un cerrojo periodístico sin precedentes en las luchas mineras; del aislamiento del Consejo Directivo Nacional y Provincial de ATE; de la falta de adhesión del sindicato del personal superior, y de la arremetida empresarial para conformar un gremio de contratados.

No obstante ello, en los dos pueblos (Turbio y 28 de Noviembre) se realizaron movilizaciones, a las que obligaban a incorporarse a funcionarios y diputados locales; se tomó la Municipalidad de 28 de Noviembre; un grupo viajó a Gallegos, donde cortaron la ruta 3, recorrieron los barrios difundiendo la problemática, quemaron cubiertas frente a la casa de gobierno, volantearon en el centro de la capital santacruceña y se movilizaron junto a los desocupados petroleros del norte de la provincia.

Mientras tanto, la empresa no paga los sueldos, alegando la falta de pago del subsidio por parte del gobierno nacional. Esto podría reabrir el conflicto, por el pago de los salarios y por el conjunto de las reivindicaciones pendientes: la incorporación de los contratados al convenio colectivo; el rechazo al trabajo por productividad; la recomposición salarial; la construcción de una “super usina” provincial a carbón, para generar energía eléctrica en la región; y la continuidad del subsidio de Nación, administrado por la provincia bajo el control de los trabajadores.

La falta de pago de los salarios y la situación de conjunto en la mina ratifican las resoluciones del Congreso del Carbón: por una empresa estatal bajo el control de los trabajadores.

Kirchner, más antiobrero que nunca

YCRTSA denunció penalmente la toma de la empresa; Kirchner, por su parte, denunció por violación del Código Penal a los mineros, a los desocupados y a quienes los acompañamos, entre ellos los dirigentes de Adosac y de la CTA provincial.

La andanada represiva ha sido reforzada por la postulación, por parte del “progresista” Kirchner, de Ricardo Napolitani como integrante del Superior Tribunal de Justicia provincial. Napolitani condenó, empleando legislación de la época de la dictadura de Onganía, a los piqueteros de Comodoro Natera (de ATE) y Gatti (vecinalista) por el “delito” de cortar la ruta 3. La CTA provincial envió una carta a la Cámara de Diputados provincial impugnando por esas razones la designación de Napolitani.

Hay que movilizarse para impedir el juicio a los luchadores santacruceños y la designación de un juez represor de piqueteros en el máximo tribunal provincial.